Penas hasta por 12 años de prisión y multas de 169 mil pesos podrían enfrentar los responsables del robo de celulares, tablets y computadoras en Puebla, mientras que los taxis ejecutivos serán conectados al C5 para que sean monitoreados en tiempo real, proponen legisladores de Encuentro Social en el Congreso de Puebla.
Durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado, la diputada Mónica Lara Chávez, presentó la iniciativa para reformar el artículo 389 bis de dicho código donde se establece sanciones que incluirán no sólo a quienes roben los aparatos, sino también a quienes adquieran los equipos, realicen el desbloqueo, o la compra de los mismos.
En el caso del robo, Lara Chávez propone una sanción de seis a 12 años de prisión y multa de 600 a 2000 días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a 169 mil pesos, contra quien “sustraiga, arrebate, despoje o prive a un transeúnte a un usuario sin su consentimiento de su dispositivo tecnológico, tales como teléfonos celulares, computadoras portátiles o tabletas electrónicas”.
Mientras que quienes extraigan, utilicen o difundan información personal, financiera o biométrica de los celulares o tabletas podrán recibir de 4 a 10 años de prisión.
También serán sancionados quienes desarmen, desbloqueen, liberen, alteren, o trasplante los números originales de identificación, e incluso prevén cancelar la licencia de funcionamiento a los negocios que venden a mitad de precio todos estos dispositivos móviles, que en la mayoría de casos, también se caracterizan por desbloquearlos.
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APPS y C5
En tanto, Miguel Trujillo de Ita, propuso una reforma a la Ley del Transporte, para obligar a los choferes de taxis ejecutivo, a conectarse al Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5).
Con la propuesta se busca que las empresas garanticen por razón de seguridad y en los casos de investigación el acceso a las tecnologías de teléfonos inteligentes, sistemas de posicionamiento global y plataformas tecnológicas.
Con ello se busca dar mayor seguridad a los usuarios, quienes a pesar de los cambios que han iniciado las empresas, no resultan suficientes para garantizar la seguridad de los usuarios.
Su propuesta de reformar la fracción VI del artículo 92 Quarter de la Ley de Transporte del Estado de Puebla, fue enviada a la Comisión de Movilidad y Transporte.
