Redacción PH

Sobre los hechos registrados el pasado 26 de febrero en la colonia Manuel Cavazos Lerma, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde fallecieron cinco personas y una más resultó lesionada de gravedad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que hubo “uso excesivo de la fuerza mediante la utilización ilegítima de armas de fuego” por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Concluyó la defensora en la recomendación 95VG/2023 dirigida al titular de la Sedena, general Luis Cresencio Sandoval González, por las violaciones graves a los derechos humanos a la vida, a la seguridad jurídica e integridad personal.

En el documento, también se acredita que cuatro personas servidoras públicas de la secretaría no se ajustaron a los criterios establecidos, nacionales e internacionales, sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego, ya que fueron los que dispararon.

Se advierte que en la camioneta particular en la que circulaban las víctimas, y contra la cual dispararon los militares, no se encontraron armas de fuego; además, que los vehículos oficiales no presentaron daños producidos por proyectiles de arma y que ningún militar presentó lesiones por éstas.

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También se señala que “todos los elementos militares involucrados en los hechos manifestaron ante el representante social de la Federación, que ninguno vio que del vehículo particular se originaran disparos de arma de fuego”.

Indican que la camioneta tipo pick-up fue seguida, debido a “sospechas”, por 21 elementos de la Sedena que se transportaban en cuatro vehículos oficiales mientras realizaban recorridos relacionados con la seguridad pública.

La CNDH solicitó al secretario de la Defensa Nacional que colabore en el trámite ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) la inscripción en el Registro Nacional de Víctimas de las siete personas agraviadas; incluyendo a los integrantes de sus núcleos familiares, para que se proceda a la inmediata reparación integral del daño.

También se le solicita que colabore ampliamente en la integración de la causa penal uno y en el proceso penal derivado de las carpetas de investigación, a fin de que se investiguen y determinen las responsabilidades en materia penal de los cuatro castrenses señalados como responsables y demás personal militar que la autoridad jurisdiccional y ministerial, en cada caso, determinen.