El Consejo de la Judicatura Federal, absolvió al sargento José N., acusado de la ejecución extrajudicial de un civil en Palmarito Tochapan, Quecholac, ocurrido el pasado 3 de mayo de 2017, durante un enfrentamiento entre civiles y militares, en el cual 11 personas murieron.

El sargento fue absuelto por una juez federal que consideró que la Procuraduría General de la República (PGR) no aportó las pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad en la ejecución extrajudicial de un presunto huachicolero que estaba boca abajo.

En la audiencia pública la juzgadora levantó la prisión preventiva oficiosa impuesta al integrante de las fuerzas armadas y le concedió la posibilidad de viajar a la Ciudad de México, donde vive su familia, y anunció que el próximo 22 de este mes dictará sentencia.

Desde el pasado 11 de junio de 2017, el sargento había sido liberado por el Poder Judicial Federal, al considerar que el video en el que supuestamente se le ve ejecutar a un civil, no era prueba suficiente para condenarlo.

Con ello se pone fin al controvertido operativo, en el cual se evidenció que sí hubo una ejecución extrajudicial, respaldada por videos en los que se observa que los elementos no fueron emboscados, sino que sólo marcaron el alto a un grupo de autos del primo del capo huachicolero “El Toñin”.

En dicho material se puede ver que tras un enfrentamiento con los tripulantes de otro auto, fueron detenidas tres personas, una de ellas ya herida y desarmada fue ejecutada por un miembro del ejército.

Las conclusiones partieron de que ninguno de los testigos -todos compañeros del Séptimo Batallón de Infantería- señaló directamente al sargento de haber cometido el crimen: incluso cambiaron su declaración ministerial, al asegurar que inicialmente firmaron actas que no les permitieron leer.

También se argumentaron errores en la necropsia, los cuales impidieron saber a qué distancia se hizo el disparo en contra de quien sólo identificó como NJR, lo que al final provocó que el perito de Mecánica de Lesiones tampoco pudiera explicar cómo fue cometido el homicidio.

De igual forma, la fiscalía nunca demostró que el homicidio fue cometido con el fusil que se le asignó, pues no coincidieron las huellas de las balas y casquillos, lo que en algún momento provocó que la PGR acusara alteración de pruebas o modificación del cañón del arma, sin que haya podido demostrarlo durante el desarrollo del juicio que duró más de un año.

José Isidro abandonó el Centro de Justicia Penal Federal, escoltado por media docena de vehículos con soldados armados, además de sus abogados, quienes lo condujeron a la capital del país, asegurando que continuará su carrera en las Fuerzas Armadas.