Janine Otálora Malassis, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), rechazó que haya habido presiones o amenazas entorno al fallo que declaró válida la elección de Martha Erika Alonso Hidalgo como gobernadora de Puebla, tal y como acusó Miguel Barbosa Huerta, excandidato a la gubernatura.

En las decisiones del Tepjf no hay “moneda a cambio”, afirmó la magistrada al atribuir las críticas a la resolución (entre ellas la del magistrado José Luis Vargas Valdez) a inconformidades naturales, propias de votaciones divididas.

Yo en lo personal puedo decir que ninguna en la que he emitido mi voto ha sido por una moneda a cambio de algo.

En entrevista con El universal la magistrada tambiénno sólo minimizó la inconformidad expresada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló de “antidemocrático” el fallo judicial, sino que descartó que haya pesado en la sentencia la posibilidad de reducción salarial al Poder Judicial que impulsa el gobierno obradorista.

Es lo difícil de una decisión dividida. Formuló el magistrado Vargas varios cuestionamientos, inquietudes, pero no tienen fundamento. Lo que mencionó de las amenazas que ha recibido, yo creo que hay que denunciarlo, definitivamente. Si las recibió, si tal fue el caso, hay que denunciarlo y no permitirlo.

Lo referente a presiones que él dice recibieron algunos de los magistrados, no lo comparto. Igual, si alguien tiene dudas, que presente las pruebas y proceda.

Al mismo tiempo negó haber recibido amenaza o a cabilderos, como acusó el magistrado y el excandidato Miguel Barbosa.

Para mí importó exclusivamente lo que había en el expediente. Yo me fui al expediente para formar mi criterio de que no era suficiente lo que había sucedido en la bodega central del Instituto Electoral de Puebla después de la elección y del cómputo electoral.

Respecto a las críticas por el criterio aplicado, como lo fue en el caso de la alcaldía de Monterrey, precisó que en el caso de Puebla la diferencia era de 4 por ciento, cifra que se mantuvo tanto en el cómputo distrital como en el recuento, “situación muy distinta” a la de Monterrey dónde la diferencia se cerró al .8 por ciento.

Finalmente confió en que los inconformes con el fallo puedan analizar el expediente y entender por qué no alcanzó para anular la elección.

Importó exclusivamente lo que había en el expediente. Yo me fui al expediente para formar mi criterio de que no era suficiente lo que había sucedido en la bodega central del Instituto Electoral de Puebla después de la elección y del cómputo electoral, reforzó.