Integrantes de la LX Legislatura aprobaron por unanimidad, el Dictamen con Minuta de Decreto para reformar el artículo 20 de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, así como reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado, con la finalidad de crear el Instituto de la Discapacidad del Estado de Puebla.
Con estas reformas se impulsará la atención de las personas con discapacidad, en materia social, económica, de salud y de trabajo, aseguró el diputado Uruviel González Vieyra.
En tanto las diputadas Tonantzin Fernández Díaz y Cristina Tello Rosas coincidieron en que además de coadyuvar en la atención de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, se podrán proteger sus derechos humanos y apoyar en la formación de una cultura de respeto e inclusión.
Durante la sesión pública ordinaria el Pleno del Congreso también se aprobó por mayoría la creación del Instituto Poblano del Deporte y del Instituto Poblano de la Juventud.
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En este sentido, la diputada Iliana Paola Ruíz García destacó la necesidad de contar con el Instituto Poblano de la Juventud, para atender las peticiones de este sector e integrar políticas públicas para quienes serán los responsables de formar un mejor futuro para la nación.
Por su parte, el diputado Emilio Maurer Espinosa señaló la importancia de la creación del Instituto Poblano del Deporte que permitirá ejecutar acciones tendientes a fomentar la actividad deportiva, así como garantizar el mejoramiento de las instalaciones e infraestructura deportiva de la entidad.
En tanto la diputada Nancy Jiménez Morales, aunque apoyó la propuesta consideró que el Instituto que existe es suficiente para atender las necesidades en la materia.
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Finalmente, el diputado Marcelo García Almaguer presentó una proposición reformatoria para la creación del Instituto Poblano de la Juventud, con la finalidad de retomar el proyecto de Jóvenes Seguros, que permita promover acciones pata tener indicadores sobre la violencia en los jóvenes, así como establecer políticas de prevención social del delito.
