Redacción

Sin foros, ignorando el llamado del Consorcio Universitario, asociaciones educativas, diputados y otros actores de la vida pública. En medio de la pandemia, en una sesión virtual y en sólo tres días, integrantes de la Comisión de Educación del Congreso del Estado aprobaron la nueva Ley de Educación enviada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

El proyecto fue aprobado en lo general durante la sesión virtual de este jueves con cinco votos a favor, mínimos cambios y dos abstenciones, tras una discusión de poco más de tres horas, pese a que horas antes y durante la sesión los diputados Armando García Avendaño (PRD), Mónica Rodríguez Della Vecchia (PAN), José Juan Espinosa Torres (PT), Oswaldo Jiménez López (PAN), hicieron un llamado para aplazar la votación hasta que sea discutida en un debate que incluya a todas las voces.

Pese a ello la iniciativa fue aprobada con el voto de los barbosistas Olga Lucía Romero Garci Crespo, Cristina Tello Rosas, Bárbara Morán Añorve y Valentín Medel Hernández, quienes desde el principio eran mayoría, aunque a su voto se les sumó el de los diputados sin partidos Hugo Alejo Domínguez.

Jonathan Collantes Cabañas y Javier Casique Zárate votaron en contra, siendo el priista insistió en que el ignorar los llamados a debate afectará al sistema educativo, pues hay varios vacíos en la propuesta aprobada.

En ese contexto Javier Casique propuso precisar en el artículo 105 de la ley que aunque los inmuebles de las escuelas particulares formarán parte del Sistema Educativo Estatal, las autoridades estatales no tendrán injerencia sobre ellos, sin embargo, fue rechazada su propuesta.

Lo mismo pasó con la propuesta del diputado Oswaldo Jiménez, quien propuso que la SEP estatal no sea la que decida los colores “neutros” de las escuelas privadas, o la de Espinosa Torres quien pidió no aprobar la iniciativa hasta que se analice en parlamento abierto, sumando en total 32 propuestas reformatorias de las que sólo se admitió una de Jiménez López y la del presidente de la Comisión, quien propuso reducir la sanción a las escuelas privadas por retener documentos por falta de pago y difundir los datos personales sin la autorización del tutor, multas que ascenderán a los 444 mil 300 pesos.

Finalmente, fueron los diputados barbosistas quienes defendieron la propuesta del gobernador, logrando al finalizar la sesión su aprobación, misma que será llevada al Pleno en la Sesión Ordinaria del 15 de mayo, con lo que se estaría armonizando con la Ley General de Educación.