Gabriela Xelano

La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla anunció la presentación de dos denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla en contra del diputado local José Juan Espinosa Torres, por presuntos el presunto uso de empresas fantasma y simulación de operaciones, durante su gestión como presidente municipal de San Pedro Cholula.

Informó la Auditoría en sus redes sociales esta mañana, precisando que la primera denuncia es por “peculado, fraude, asociación delictuosa y abuso de autoridad, puesto que se presume un desvío de recursos por más de 85.3 millones de pesos”.

“No existe evidencia del registro de bienes y servicios facturados que sus “proveedores” hubiesen entregado al ayuntamiento”, precisan en uno de sus tuits.

En otro mensaje indican que los domicilios de las “empresas” en muchos casos no corresponden a los inscritos ante el SAT y/o no corresponden al giro comercial del cual “prestaban sus servicios”, pues eran predios, casas habitación o locales abandonados.

“Estas aparentes irregularidades corresponden a los períodos fiscales 2015, 2016 y 2017”, en otro.

La segunda es por la presunta simulación de operaciones con facturas apócrifas, y correspondiente a su cuenta pública 2016, por un monto superior a los 15.3 millones de pesos.

Es persecución

En respuesta, el hoy diputado local por el PT, desde su cuenta Twitter señaló a Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, Gabriel Biestro Medinilla, líder del Congreso de Puebla y Francisco Romero Serrano, titular de la ASE de orquestar esta “persecución política” con “señalamientos millonarios por actos de corrupción”.

También acusó que el nombramiento de Francisco Romero como auditor respondió a es “un sujeto capaz de mentir, robar y utilizar la Auditoría con fines políticos”.

No obstante, dijo que responderán “a cada denuncia fabricada por estos pillos. Redoblaremos esfuerzos y no nos impedirán aparecer en la boleta del 2021”.

Finalmente, afirmó que las denuncias ponen en riesgo su vida y la de su familia, por lo que pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al Senado, a la Cámara de Diputados, a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a la Fiscalía General de la República (FGR) y hasta a la ONU, estar al pendiente de su situación.