Redacción

Hasta este 7 de mayo la organización civil Así Legal contabilizó 106 casos confirmados de personas con coronavirus COVID-19 al interior de las cárceles del país, lo que representa un aumento del 85 por ciento respecto a la semana pasada.

En tanto, las muertes aumentaron de dos casos a 11, siendo los estados de Jalisco y la Ciudad de México, las entidades que concentran la mayor cantidad de contagios.

Baja California, uno de los estados con más problemas derivados de la emergencia sanitaria, en la última semana informó que la cifra de población penitenciaria y custodios contagiados subió a siete, y con la misma cantidad de defunciones.

En Sinaloa, en el Centro Penitenciario de Aguaruto hay dos personas más enfermas, mientras que, en Puente Grande, Jalisco, son ya 64 personas con Covid-19 y una defunción.

En tanto el Centro de Reinserción Social de Mérida, Yucatán hay confirmados 14 casos. Y en el Centro Municipal de Playa del Carmen, Quintana Roo, hay una persona contagiada.

Tabasco ha reportado dos contagios y un deceso, el Estado de México tiene nueve casos, mientras que en la Ciudad de México hay siete contagios nuevos.

Además de lidiar con los contagios, las cárceles también deben lidiar con los incidentes violentos y las liberaciones para evitar más contagios.

De acuerdo con la organización van seis incidentes registrados, la mayoría relacionados con la restricción de visitas y la falta de información y medidas relacionadas con la prevención de más contagios.

Los incidentes ocurrieron en cárceles de Guanajuato, Estado de México, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Colima.

En cuanto a las personas liberadas es el Edomex el que más ha concedido con mil 923 libertades, le sigue la CDMX, con 250 casos, Durango con 26, Coahuila con 39, Guerrero con 114 libertades, Oaxaca lleva 15 y Quintana Roo 30.

Sin embargo, de acuerdo Así Legal, a pesar de que son medidas acertadas, no son suficientes y aún existen dudas respecto a cómo la Ley de Amnistía se aplicará en medio de la pandemia.

Por ello insistieron en retomar la Ley Nacional de Ejecución Penal para poder combatir la propagación, violencia y muertes al interior de los centros penitenciarios.