Redacción PH

Leonor Vargas Gallegos, directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla (Sedif), reconoció que a casi un mes de la explosión de una toma clandestina de gas LP en San Pablo Xochimehuacán, no se ha logrado un acuerdo con las víctimas que perdieron sus casas, pues no han aceptado ser reubicadas.

Sentenció durante su participación en la conferencia de prensa del gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien le preguntó cuántos damnificados habían aceptado formalmente ser reubicados.

“Tenemos el censo de 59 demoliciones de viviendas que ya se concluyó con este tema (…) son actas de autorización para que se reconstruya su vivienda (…) de está hablando con ellos aún no hay firmas”.

La funcionaria solo destacó que siguen dialogando con las personas afectadas, no obstante, ya hay avances con las familias a las que se les reconstruirá su hogar sumando hasta ahora 54 acuerdos.

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Agregó que van siete personas indemnizadas y 42 personas siguen viviendo en el albergue.

Mientras Luis Roberto Tenorio García, secretario de Infraestructura, informó que hasta ahora han liberado 155 casas con daños menores y moderados, quedando 38 pendientes por atender.

Ana Lucía Hill Mayoral, titular de la Secretaría de Gobernación, informó que Protección Civil ha expedido 259 actas de nacimiento a personas afectadas y Soapap entregó 718 viajes de pipas de agua.

Finalmente, Gerardo Mérida Sánchez, comandante de la 25 Zona Militar, reveló que en promedio detectan una o dos tomas clandestinas al día en los 156 kilómetros de los ductos de Pemex que atraviesan el estado, las cuales detectan por el sistema de Pemex que les permite detectar fallas en el flujo de combustible.