Redacción PH

Armando Reyes Ledesma, diputado federal y dirigente del Partido del Trabajo (PT) en Baja California, protagonizó incidente en el aeropuerto de Tijuana debido a que su acompañante no pagó el costo de una maleta de mano.

El hecho fue exhibido en un video, en el que una usuaria del aeropuerto que viajaba en el mismo vuelo aseguró que el legislador se molestó cuando el personal de la aerolínea Volaris le impidió subir al avión.

Previamente había discutido con personal tras negarse a pagar equipaje adicional al estipulado en la compra del boleto, por lo que intentó abordar a la fuerza, obligando al resto de los pasajeros a bajar de la aeronave para que elementos de la Guardia Nacional, por petición del capitán, lo convencieran de bajar.

“Toda la tripulación de Volaris para sacar al diputado Armando Reyes que se puso pesado, por una puerta de seguridad nos tuvieron que desalojar a todos porque el señor no quería salir. Lo que hace el ego, nos tuvieron que cambiar a la puerta 9 para que no viéramos que al señor lo sacaban”, dice la mujer en el video.

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Tras el incidente, el diputado Reyes Ledesma desde su cuenta en Facebook acusó a la empresa Volaris de presuntas irregularidades en la venta de boletos, y dijo haber sido testigo del abuso en contra de ocho personas por parte de personal de la citada empresa.

Por ello informó que presentará en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para citar a comparecer al Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) ante la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, a que dé cuenta de las políticas de “Servicios Adicionales” que aplican las aerolíneas en vuelos nacionales a los usuarios.

Entre estos servicios están los denominados combos flexibles de salud, llegada a tiempo, asientos, equipaje a bordo y equipaje documentado, los cuales deberían estar apegados a la Ley de Aviación Civil, su Reglamento y señalados en el Título de Concesión, así como en las disposiciones técnico administrativas en la materia.

Porque de lo contrario, “dichas concesiones o permisos pueden estar sujetas a su revocación por aplicar tarifas diferentes a las aprobadas de manera arbitraria y abusiva al no permitir que el usuario siga con su vuelo por dichas aerolíneas”.

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Se debe poner un orden por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) o por la secretaría al señalar en qué apartados de la ley ampara a cometer este tipo a abusos o por prestar servicios distintos a los señalados en la concesión, generando costos ilegales o maquillados en perjuicio de los usuarios señaló el diputado Reyes Ledesma.