Redacción PH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobernador de Puebla Miguel Barbosa Huerta para que ofrezca una disculpa pública e indemnice a Jorge Aguilar Chedraui, exsecretario de Salud durante el gobierno de Rafael Moreno Valle y expresidente del Congreso de Puebla en la LIX Legislatura.

El emplazamiento también incluye a Francisco Romero Serrano, titular de la Auditoria Superior del Estado (ASE), quien incluyó al panista entre los 10 exfuncionarios morenovallistas señalados por presunto desvío de recursos, en su caso lo señaló de desviar 150 millones de pesos de la Secretaría de Salud.

La recomendación 75/2021, emitida el 3 de noviembre, también recuerda que en el pasado Barbosa Huerta acusó públicamente a Aguilar Chedraui de actos de corrupción, sin respetar el principio de inocencia, tal y como denunció en junio pasado el morenovallista en su queja que llevó a la CNDH, denunciado que tanto el gobernador, el auditor y además diputados locales lo acusaron públicamente de haber cometido desvío de recursos cuando fue secretario de Salud.

Las afirmaciones -que no pudieron comprobarse- atentaron contra su derecho al honor, dignidad, presunción de inocencia y trascendieron a su entorno familiar y social.

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Aguilar Chedraui acompañó su denuncia con los resultados de las revisiones solventadas que sobre su gestión realizaron la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Fue así como la CNDH concluyó que las declaraciones que emitieron constituyen violaciones a la legalidad, al derecho a la seguridad jurídica, a la presunción de inocencia, a no ser objeto de ataques a la reputación y la imagen pública como límite al derecho a la libertad de expresión, dado que no existen sanciones administrativas ni de responsabilidad penal en su contra, pese a que se reconoce que hubo dictámenes negativos y “con salvedad”, los expedientes se cerraron como “no procedentes por falta de elementos”.

“La libertad de expresión no está reñida con la crítica al ejercicio de la función pública, pero siendo compatibles con la veracidad de la información, además de que exige a los servidores públicos una ponderación de las expresiones para que no se presente afectaciones a los derechos humanos de las personas”.

También confirma que las acusaciones contra el morenovallista no fueron resultado de una auditoría o de una sentencia judicial y sólo generaron un “ambiente de linchamiento mediático” en contra del quejoso.

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Finalmente, la CNDH recomienda además de la disculpa pública a Aguilar Chedraui, gestionar la eliminación de publicaciones en medios de comunicación donde se acusó al exfuncionario.

También exhorta al gobernador y los servidores públicos adscritos a su oficina, recibir un curso de capacitación sobre derechos humanos “en el que se haga énfasis en los derechos a la presunción de inocencia, a la legalidad, a la privacidad, al acceso a la información pública y a la protección de datos personales”.

Finalmente, a Romero Serrano se le pide que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Puebla, se tomen medidas para reparar el daño causado, que incluya una compensación “justa”. Además, Aguilar Chedraui será inscrito en el Registro Nacional de Víctimas.