Integrantes del Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) hicieron un llamado urgente a los Poderes de la Unión y a los órganos autónomos de procuración de justicia, auditoría y contraloría para intervenir en el estado, ante el la forma en que Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, está atentando “contra los derechos fundamentales de los poblanos, especialmente en materia de seguridad, certeza jurídica y libertad de pensamiento”.

Así lo advirtieron en un pronunciamiento compartido en redes sociales donde llaman al presidente Andrés Manuel López Obrador, y a los titulares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la Cámara de Senadores y de diputados, FGR, ASF y CNDH, intervenir y frenar “la acusación y persecución política contra del rector de la máxima casa de estudios, por parte del gobierno estatal”.

En su misiva advierten que Barbosa se está valiendo de la manipulación de instituciones del Estado y otros medios para atacar la imagen del rector.

… una manipulación de las intuiciones del Estado para fabricar procesos judiciales sin fundamento, así como en el uso de un aparato propagandístico para afectar la imagen de nuestra máxima autoridad universitaria.

Remarcan que desde que Miguel Barbosa llegó al poder, Barbosa ha sido blanco de ataques del gobierno local y de los órganos estatales que “debieran ser autónomos e imparciales en su actuar”, tal es el caso de la Auditoría Superior del Estado (ASE), encabezada por Francisco Romero Serrano y la Fiscalía General del Estado (FGE) con Gilberto Higuera Bernal, quienes han emprendido “acciones arbitrarias no sólo contra la cabeza de dicha institución, sino también en contra de su familia”.

Prueba de lo anterior son las denuncias que la Auditoría Superior del Estado anunció contra el rector Alfonso Esparza, por presuntamente obstaculizar la revisión de una Cuenta Pública, cuando la mencionada revisión era a todas luces ilegal; primero, por considerar una gestión financiera de sólo 11 meses del año 2019 y, después, por pretender revisar los recursos autogenerados por la BUAP y los correspondientes a pardas federales; estos últimos competencia exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación.

Recalcaron que dichas denuncias difundidas irregularmente a través de redes sociales –principalmente por la ASE-, así como aquellas infundadas y “anónimas” que la FGE ha aceptado y dado trámite “han hecho muestra de una clara violación a la presunción de inocencia, pues muchas de ellas se concibieron sin una revisión o una investigación seria sobre la presunta vinculación con la Universidad”.

También recuerdan que el gobernador en más de una ocasión ha presumido contar con pruebas de que Esparza Ortiz participó en operaciones de desvío de recursos por hasta mil millones de pesos, es decir, un “monto que habría dejado inoperable a dicha institución”.

En ese tenor también recalcan que todas las acciones que se han emprendido desde la llegada de Miguel Barbosa al poder, tienen como finalidad intentar obligar al rector a dimitir de su cargo, para que –como en el pasado– el control de la universidad lo retome la gobierno del estado.

Tenemos claro que todos estos hechos, como el propio Gobierno del Estado de Puebla lo ha manifestado en diversas comunicaciones oficiales, son represalias a la negativa del rector para renunciar a su cargo y para entregar al Poder Ejecutivo estatal el control de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Por ello, insisten a la federación a hacerse presente, mientras que desde la BUAP se seguirán emprendiendo acciones legales para salvaguardar los derechos que le asisten, en tanto responsabilizaron al gobernador de cualquier “acto que atente contra sus derechos fundamentales, los de su familia o los de cualquier otra autoridad universitaria, pues los ataques no solo son dirigidos a la cabeza de esta Universidad, sino también contra todo lo que ello representa, incluidos los más de 105 mil estudiantes inscritos en alrededor de 200 programas de bachillerato, licenciatura, nivel técnico superior y de posgrado”.

Sobre el desplegado, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, una vez más afirmó que Esparza Ortiz está manipulando al Consejo Universitario.

Al mismo tiempo aseguró que todas sus acciones se han realizado en apego a la ley, por lo que acusó al rector de encabezar una “mafia” que será desterrada de la universidad.

Redacción PH