Redacción PH

Claudia Rivera Vivanco, ex presidenta municipal de Puebla, una vez más se presentó acudió a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para revisar su cuenta pública.

La morenista estuvo acompañada de una treintena de personas, además de algunos de los ex secretarios de su trienio como Lourdes Rosales, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Catalina Pérez de Gobernación Municipal, Leobardo Soto de Administración y Alondra Méndez de Igualdad Sustantiva.

La ex munícipe en esta ocasión acudió a aclarar las observaciones a su cuenta pública de 2021 y que de acuerdo con la ASE asciende a 1 mil 878 millones de pesos, que se ejecercieron en 2020 y no han sido justificados.

Al salir de su audiencia Rivera Vivanco afirmó que se solventarán todas las observaciones.

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También consideró que las acusaciones que está haciendo son acoso, pues existen “algunos” que se sienten incómodos por su participación política.

“He sentido un acoso sin lugar a duda. Hay personajes que han querido dañar a Morena, que han querido causar daño a mi persona, cercanas a mí”.

Al mismo tiempo reafirmó que su administración fue transparente y de las “más auditadas”, por lo que descartó que estas desemboquen en algún proceso en su contra.

“Básicamente son las mismas preguntas que ya me había tocado responder cuando estaba en funciones, que después me volvieron a solicitar y las entregué por escrito. Ahora se han diversificado, pero son prácticamente las mismas. (…) Lo más importante que deben de saber es que se ha entregado debidamente cada información documentada que demuestra el uso correcto de los recursos”.

Más tarde, en una serie de videos que posteo en sus redes sociales compartió algunos detalles de cómo manejó las finanzas del municipio, al mismo tiempo que dijo ser víctima de acoso sistemático en su contra.

Debe recordarse que de acuerdo al informe que se entregó a diputados, la alcaldessa tiene una observación por 710.7 millones de pesos que resultó de comparar los cargos en bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso, contra el gasto devengado en inversión pública.

También se advierte un daño de 64.6 millones de pesos por falta de comprobantes fiscales digitales correspondientes a pagos a la Comisión Federal de Electricidad, entre otras entidades y no se han presentado comprobantes que acrediten la entrega de 26.6 millones de pesos en apoyos a juntas auxiliares.