Redacción
El ministro Luis María Aguilar propuso que se declare anticonstitucional la consulta ciudadana propuesta por Andrés Manuel López Obrador, para enjuiciar a los expresidentes de los últimos cinco sexenios.
Así se advierte en el proyecto de sentencia publicado este jueves, documento en el que se detalla que “la materia que se solicita consultar, de acuerdo a su diseño y contenido, conlleva en sí una restricción de los derechos humanos de las mexicanas y mexicanos y una afectación a las garantías para su protección, al condicionar su efectividad y ejecución al resultado de ese mecanismo participativo; desnaturalizando con ello su propósito y finalidad”.
Sobre la pregunta el proyecto destaca que la forma “en que se solicita consultar, de acuerdo a su diseño y contenido, conlleva en sí una restricción de los derechos humanos de las mexicanas y mexicanos y una afectación a las garantías para su protección, al condicionar su efectividad y ejecución al resultado de ese mecanismo participativo; desnaturalizando con ello su propósito y finalidad”.
Luis María Aguilar también critica que la propuesta de López Obrador viola y representa “una restricción de los derechos humanos ni de sus garantías de protección, lo que en el caso se advierte por las múltiples violaciones constitucionales que aun en forma individual son suficientes para sostener la inconstitucionalidad del objeto de la consulta popular pretendida, como a continuación se explica”.
En su proyecto, tras desglosar toda la propuesta a lo largo de 44 páginas y casi al finalizar y previo a presentar la resolución, el ministro enfatiza que la propuesta representó un “concierto de inconstitucionalidades”.
Si bien cada uno de los motivos expuestos es por sí solo suficiente para declarar la inconstitucionalidad de la materia de la consulta popular, la suma de todos ellos permite concluir que se trata de un concierto de inconstitucionalidades que pudieran incidir negativamente en el acceso a la justicia, la persecución de los delitos y el Estado de Derecho mismo, lo cual implica la afectación de los derechos humanos de todas las mexicanas y los mexicanos.
Este tema será discutido por el pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) el próximo 1 de octubre.
