Gabriela Xelano
Aunque Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, se ofreció a mediar en el conflicto que tiene Cemex con los municipios de Cuautinchan y Tepeaca, también dejó en claro que la cementera no tiene la disposición de resolver el conflicto.
Reveló durante su rueda de prensa matutina, un día después de que las autoridades de Cuautinchán decidieran cerrar los accesos a la planta de Cemex, señalándolos por un adeudo de 120 millones de pesos.
Al respecto, el gobernador confirmó que la existencia del conflicto deriva de la negativa de la empresa de pagar por el uso de suelo y licencias de construcción.
Incluso reveló que la empresa que tiene en su poder 900 hectáreas de Cuautinchan y 500 hectáreas de Tepeaca, solo paga de impuesto predial 25 mil pesos y 15 mil pesos, respectivamente.
El ínfimo pago y su nula disposición, precisó, se debe a que la cementera “se siente protegida”, sin embargo, en Puebla se aplicará la ley sin importar “cual sea la empresa o propietario”.
El mandatario también agregó que Cemex ha ignorado los requerimientos de las comunas para que repare los tramos por donde circulan sus camiones de alto tonelaje, los reclamos sobre los daños ambientales y de la salud, entre otras situaciones que continúa ignorando la empresa.
Ante este panorama, ahora será el turno de la administración estatal mediar para generar un acuerdo y conciliación entre los intereses de la planta y los de los municipios.
Fue en noviembre de 2019 cuando el ayuntamiento de Cuatinchán cerró por primera vez ambos accesos a la planta por la falta de pago de impuestos de 20 años, y de acuerdo con Grupo Financiero Monex, esta planta abastece de material al gobierno federal para proyectos como Dos Bocas, Tren Maya y Santa Lucía.
Asimismo, el grupo ha descartado tener adeudos con el ayuntamiento de Cuautinchán.
Cabe recordar que esta planta es considerada una de las más importantes en Latinoamérica y genera más de 3 mil empleos directos e indirectos en la región, sin embargo de acuerdo con el gobernador la planta solo “tiene 200 trabajadores, de los cuales no más del 30 por ciento son de los lugares donde está establecida, de los municipios donde está establecida”.
