La consulta popular del 1 de agosto para enjuiciar a expresidentes mexicanos es un “circo político”, pues deberían ser investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) si hay pruebas en su contra sin necesidad de un referendo, advirtió este lunes José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas.
El fiscal general mexicano (Alejandro Gertz) puede iniciar una investigación sobre los expresidentes en cualquier momento. No requiere una consulta popular. Si tiene pruebas contra ellos, es su deber investigarlos. Esperar los resultados de una consulta es hacer de la justicia un circo político.
Su postura se da a unos días de que el Instituto Nacional Electoral (INE) iniciara el pasado jueves la campaña de difusión sobre la consulta popular del 1 de agosto para juzgar a los expresidentes del país que propuso el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador.
Te interesa: HRW condena que la Marina considere “enemigo” al Poder Judicial
Debe recordarse que esta consulta será la primera en la historia del país bajo la Ley Federal de Consulta Popular y busca preguntar al electorado sobre sus predecesores.
Para que se lleva a cabo se instalarán el próximo 1 de agosto más de 57 mil mesas en las que estarán cerca de 286 mil funcionarios para recibir la opinión de hasta 93.4 millones de votantes, sin embargo para que sea vinculante deben acudir por lo menos el 40 por ciento de los electores, es decir 37.4 millones de ciudadanos.
Debe recordarse que López Obrador busca que se investigue por la “presunta comisión de delitos” a sus antecesores Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
