Gabriela Xelano
El perredista Jorge Benito Cruz Bermúdez, renunció a su cargo de magistrado en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Su renuncia fue con carácter de irrevocable, precisó diputada Josefina García Hernández, quien dio cuenta del documento.
El oficio fue turnado para su estudio y resolución procedente a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Cruz Bermúdez vivió, durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, su época de mayor relevancia, pasando de la academia al servicio público, iniciando su carrera en Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano) al PRD, partido al que se afilió hasta 2018.
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En 2011, el hoy exmagistrado llegó a Puebla para hacerse cargo de la subsecretaría de Educación Media de la Superior a la Secretaría de Educación Pública (SEP), misma que encabezaba Luis Donaldo Venegas.
Más tarde, fue nombrado subsecretario de Educación Obligatoria y a medio sexenio de Moreno Valle fue nombrado titular de la SEP.
En 2015 dejó la SEP para convertirse en el encargado de despacho de la secretaría General de Gobierno (SGG), tras la renuncia de Maldonado Venegas.
Un año después quedaría a cargo de la del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee), cargo ene l cual también fue ratificado por Antonio Gali Fayad, quien gobernó el estado hasta diciembre de 2018.
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Previo a concluir el 2018, Cruz Bermúdez renunció al Capcee y se convirtió en presidente estatl del PRD, cargo al que también renunció a pocos meses de que concluyera la administración de Gali Fayad, para tomar protesta como magistrado del TSJ.
Tras la muerte de Martha Erika y la llegada del gobernador Miguel Barbosa Huerta, aunado a la mayoría lopezobradorista en el Congreso y el nuevo auditor de la Auditoría Superior del Estado (ASE), el morenovallista se fue alejando del foco público y hace ocho meses promovió un amparo ante las autoridades federales por la sospecha de que existía una orden de aprehensión en su contra.
Fue hasta principios de este 2021, cuando la ASE confirmó que Cruz Bermúdez era uno de los 10 exfuncionarios investigados por el desvío de 320 millones de pesos del Capcee.
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Previsamente, Juan Daniel Gámez Murillo, secretario de Infraestructura, había revelado que existía una denuncia penal en su contra, y meses antes el gobernador Miguel Barbosa ya había advertido que se investigaría al magistrado.
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