Gabriela Xelano

Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, afirmó que los magistrados Jorge Benito Cruz Bermúdez e Israel Mancilla Amaro deben renunciar a sus cargos en el TSJ, por los “fraudes” en los que están involucrados los morenovallistas.

Durante su conferencia de prensa y tras anunciar que presentará una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial para depurarlo de jueces y magistrados que actúan de manera ilegal, el mandatario se refirió a ambos personajes sin nombrarlos, aunque sí aludiendo a situaciones en las que estuvieron involucrados.

Incluso, el gobernador le recordó a los morenovallistas que los magistrados ya no gozan de fuero, por lo que “por dignidad deberían renunciar”.

Un magistrado integrante del TSJ que sabe que es responsable que está involucrado en fraudes enormes en el CAPCEE y en otras dependencias, ya debe actuar con dignidad y pedir licencia a su cargo, que recuerde que ya no tiene fuero, todo eso hay que corregir, recuerden todo lo que paso en el pasado, cuando en el hotel MM encontramos a un magistrado y muchas cosas.

Sobre el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee), se refiere a Cruz Bermúdez quien fue su titular y desde dicho espacio autorizó la compra de un plotter que utilizaron para elaborar lonas y pendones del PRD.

Respecto a los hechos del Hotel MM el mandatario se refería a Mancilla Amaro, exhibido por haber estado en dicho lugar el día en que morenistas asaltaron el supuesto centro de operaciones del fraude electoral.

Tras ello el gobernador insistió en la urgencia de reformar el Sistema de Justicia, propuesta que ya está en marcha y próximamente la entregará al Legislativo para su discusión y análisis.

Los casos de los morenovallistas no son los únicos que revelan la urgencia de que se reforme, otro ejemplo fue la liberación de Paula L., la cuñada de “El Grillo”, liberada por la juez Magally Escamilla Rodríguez, quien calificó de ilegal la detención.

Otro caso es el de un juez que dejó en libertad a los presuntos responsables de la venta de alcohol adulterado en San Salvador El Seco, cuyo consumo causó la muerte de tres personas en dicha comunidad.

En dicho caso los dueños de las tiendas que vendieron el alcohol fuero defendidos por un abogado que resultó ser esposo de la juez que dictó su puesta en libertad.