Beto Fong
Un juez federal exigió garantizar todas las medidas de seguridad, protección, así como brindar vivienda, salud, educación y demás servicios de asistencia humanitaria a víctimas tzotziles de desplazamiento forzado de Chiapas.
Según el juez, las autoridades estatales luego deberán brindar todos los requerimientos luego de que los afectados se encontraran en el desamparo.
De acuerdo con los abogados del Centro de Derechos Humanos Ku’Untik y representantes de los desplazados, la asistencia fue dictaminada por el Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales, quien ordenó al gobierno estatal proveer a los desamparados de todos los servicios.
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Diego Cadenas y Yazmin Pinto Ruiz, representantes de Ku’untik, informaron que este caso de protección a los desplazados es el primero que sucede en Chiapas:
Es el Segundo caso a Nivel federal y el primero en Chiapas que un juez federal otorga el reconocimiento de desplazamiento forzado y que se le solicita al gobierno del estado la atención a quienes padecen esa situación en tanto se dan las condiciones de su retorno.
Diego Cadenas añadió que a partir de la resolución, ejecutada el 29 de noviembre, el gobierno deberá empezar a cumplir con lo estipulado en la ley.
Los tzotziles vivirán en condiciones de alojamiento básico y vivienda digna mientras puedan darse las condiciones para que regresen a sus comunidad originario.
Para que el Gobierno pueda cumplir con esas condiciones podrá optar por el acondicionamiento y puesta a disposición, a cargo del erario público, de una casa habitación en buen estado con disponibilidad de servicios básicos.
Cabe mencionar que la mayoría de los desplazados son indígenas tzotziles que tuvieron que abandonar sus casas ante las constantes agresiones armadas que ocurren en Aldama, la mayoría provocados por conflictos con pobladores de Chenalhó, por un conflicto por unas 60 hectáreas de terreno.
