Redacción PH

Jean Touma Hannah Succar Kuri, encarcelado desde julio de 2006 y sentenciado en marzo de 2011 por corrupción de menores, podría ver reducida su sentencia de 93 años a solo 13 años, luego de que el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún declaró infundada la sentencia dictada el 15 de octubre de 2021.

De acuerdo con la nueva resolución, la sentencia no aporta elementos que precisen las circunstancias de tiempo, lugar y ejecución de la agresión contra sus presuntas víctimas, a pesar de que fue una orden judicial previa para solventar este “defecto” procesal.

Es decir que tras 18 años de juicio, la disyuntiva legal sigue estando en si se está ante una ‘pluralidad de delitos’ o ante una ‘unidad delictiva’, lo cual podría beneficiar al hombre señalado por encabezar una red de trata de menores y pornografía infantil, además de corrupción de menores, delito por el cual obtuvo su primera sentencia de 13 años.

No obstante, de acuerdo con su defensa, la sentencia de octubre de 2021 siguió mostrando esos ‘defectos’ porque desde la primera sentencia de 13 años faltaron elementos para acreditarlos, resultando a su vez injustificada la segunda sentencia de 112 años.

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Es esa disyuntiva legal podría beneficiar al empresario libanes, pues en el expediente no hay elementos suficientes para justificar que las conductas delictivas se cometieron de forma “reiterada”, lo que podría devolverle la primera sentencia de 13 años.

Por ello, el pasado viernes 4 de febrero el Primer Tribunal Colegiado dio un plazo de 30 días al Primer Tribunal Unitario para que declare ‘insubsistente’ la resolución de sentencia que dictó en octubre y en su lugar “emita una nueva en la que purgue los vicios advertidos” por la autoridad judicial superior.

“Desde el primer juez que le impuso a Succar Kuri una sentencia de 13 años de cárcel, se hizo un reconocimiento expreso de que en el expediente no obra material pornográfico suficientes para acreditar el ilícito, pero que bastaban las declaraciones de las presuntas víctimas para comprobarlo. Ahora el Primer Tribunal Colegiado nos vuelve a dar la razón de que no hay elementos suficientes para imponer una condena excesiva y a todas luces violatoria de los derechos humanos de mi cliente. La justicia federal tiene 30 días para resolver este brete jurídico del que no hay manera para solventar estas circunstancias de tiempo, lugar y ejecución que no han podido justificarse en 18 años de juicio”, señaló Fernando Lechuga, abogado del empresario libanés.