Cerca de 7 mil presuntas ejecucionesextrajudiciales se produjeron en Venezuela en el último año y medio, advirtió un informe de la ONU, presentado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet.
En su informe tras la visita a Venezuela del 19 al 21 de junio, Bachelet resaltó que la gran mayoría de esas muertes fueron cometidas por las fuerzas de seguridad en una proporción “sorprendentemente elevada”.
También señala a los grupos armados civiles progubernamentales, conocidos como colectivos por contribuir al deterioro de la situación al “imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones”.
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Entre sus recomendaciones está la de disolver a las Fuerzas Especiales (FAES), a las cuales le achaca la mayor parte de las 5 mil 287 muertes extrajudiciales, las cuales justifican por “resistencia a la autoridad”, durante operaciones policiales.
“Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras mil 569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno”.
Otras fuentes apuntan a que las cifras podría ser “muy superiores” resalta Bachelet, esas cifras fueron suministradas a la oficina de Bachelet por el propio gobierno venezolano.
“No las habíamos publicado hasta ahora (…). Nos fueron enviadas en directa respuesta a nuestras solicitudes”, detalló.
Además de la disolución de las FAES y de los “colectivos”, Bachelet recomienda la creación de “un mecanismo nacional imparcial e independiente” para analizar las ejecuciones extrajudiciales, y le pide al gobierno que publique regularmente datos exhaustivos sobre la salud, el acceso al agua y alimentos, entre otros, de la población venezolana.
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En respuesta, el gobierno que encabeza Nicolás Maduro Moros en un comunicado rechazó categóricamente las acusaciones del informe, advirtiendo que “el informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela”.
Respecto a los señalamientos sobre personas detenidas por “motivos políticos”, el gobierno aseguró que la recomendación resulta “inaplicable y por tanto equivocada”, pues en Venezuela no existen personas detenidas por tal condición”.
Finalmente, el gobierno insiste en que la información presentada por la expresidenta de Chile tiene “incontables las imprecisiones, errores, descontextualizaciones y falsas afirmaciones en las que incurre la Acnudh, producto del inadecuado uso de las fuentes disponibles”.
