Para Agua de Puebla el agua es un negocio y para el gobernado Luis Miguel Barbosa Huerta es un derecho del ser humano. Esa es la realidad que rige el consumo de Puebla y los poblanos.
Y ese principio es irreconciliable.
Gracias al proyecto morenovallista y aprovechando el sexenio de Enrique Peña Nieto, el grupo dueño de Agua de Puebla llegó para hacer el negocio de su vida.
Incrementaron en los años que llevan operando cerca de 40 por ciento el costo de las tarifas; han realizado 100 mil cortes del servicio por año, según datos de la Asamblea Social del Agua. Además, hay colonias o fraccionamientos a los cuales se les surte una vez por semana y otras que ni a eso llegan. No cobran de acuerdo al registro en medidores y se dan el lujo de cobrar un mes 250 pesos, al siguiente 1,300 y al tercer mes más de 2 mil pesos, al mismo domicilio. Sin ningún criterio. demostrable o razonable.
El “plan de inversión” para mejorar el servicio se amplió a 10 años, según el título de concesión y para beneficio de la empresa y Barbosa Huerta refiere que deberán hacerlo en la mitad del tiempo: 5 años.
Existen sí, elementos legales, apegados a derecho, para invalidar el pésimo servicio que Agua de Puebla ha dado a los poblanos. El nuevo gobierno, de acuerdo a palabras de Barbosa Huerta, habrá de actuar con base en estudios jurídicos y económicos para valorar la cancelación de la concesión.
Pero más allá de los estudios, el pésimo servicio y el timo en despoblado de Agua de Puebla merece la cancelación de la concesión, en beneficio de los consumidores.
Eso prometieron todos los candidatos en campaña.
Todos.
Ojalá no sea solo un tema de campaña.
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