La criminalización del aborto continúa como un problema en cada estado del país. Del 2015 al 2018 hubo más de 4 mil 246 denuncias y mil 500 investigaciones; tan solo en los últimos tres años se dio prisión preventiva a 13 mujeres y 28 están cumpliendo una condena.
De acuerdo con solicitudes de información realizadas el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la Ciudad de México encabeza la lista de entidades con la mayor tasa de denuncias (4.2 por cada 100 mil habitantes), a pesar de que el aborto es legal hasta las 12 semanas de gestación.
En segundo lugar se encuentra Baja California con una tasa de 5.4, Baja California Sur, 3.3; Tamaulipas, 3.1; Nuevo León, 2.9 y Morelos,2.6.
En la última década se dictaron 98 sentencias, de las cuales la mayoría de las sentencias (21 a las que se tuvo acceso) implicaban prisión por seis meses o hasta año y medio, además de fianzas de hasta 10 mil pesos.
Violencia contra mujeres
Con datos obtenidos de cada entidad y del gobierno federal reflejan cómo las mujeres sistemáticamente son juzgadas y culpabilizadas, desde el momento en que ingresan al hospital,
“Sigue patrones comunes: niñas y mujeres llegan a un servicio de salud con un aborto incompleto o en evolución y, ahí, son cuestionadas y denunciadas por el mismo personal de salud, trabajadoras sociales o por sus familiares y conocidos”.
Generalmente, el ministerio público acude a interrogar a las mujeres cuando aún están en las camas del hospital y, en muchas ocasiones, los casos se basan solo en confesiones realizadas bajo presión y en contextos de emergencias médicas.
“Algunos de los procesos penales culminan en sentencias condenatorias, ya sea a privación de libertad, multa, trabajo en favor de la comunidad o ‘tratamiento médico integral’, una forma de sanción que, a pesar de no representar una pena de prisión, perpetúa la idea de que quienes abortan necesitan ser curadas”.
Por ello, GIRE emitió una serie de recomendaciones a los distintos niveles de gobierno y poderes. A los congresos locales recomienda realizar las reformas necesarias para despenalizar el aborto en las entidades.
En caso de crear un Código Penal federal único, sugiere la despenalización en todo el país.
A las instituciones de salud locales y federal, garantizar el acceso a causales legales de aborto, sin imponer barreras injustificadas, en particular en casos de violación, que el personal de salud priorice la atención de las mujeres, y que se cuenta con personal médico no objetor en todo momento.
Al poder judicial, garantizar el adecuado acceso a la justicia y reparación del daño a las víctimas que han sido criminalizadas.
Cabe recordar que a excepción del DF, en el resto del país a las mujeres solo se les permite abortar si es consecuencia de violación, mientras que en 24 estados deben demostrar que la vida de la mujer está en peligro de muerte y en 15 se acepta cuando se comprueba un riesgo de salud en el feto, mientras que en dos estados se permiten abortar si la familia no tiene los recursos económicos necesarios para mantenerlo.
