Pobladores de Xbakab y Revolución, ejidos pertenecientes al municipio de Champotón, exigieron la destitución de José Antonio Cardozo Rivero, coordinador operativo de Programas Federales de la Secretaría de Bienestar. Al dirigente de programas lo acusan de despojo de tierras.

Los inconformes se manifestaron fuera de las instalaciones del Palacio Federal y denunciaron que en 2015, cuando Cardozo Rivero trabajaba en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en el área de Terrenos Nacionales, este se hizo ilegalmente de mil 300 hectáreas, las cuales arrebató a 22 ejidatarios de Xbakab.

Además Cardozo Rivero también arrebató otras mil 400 hectáreas que pertenecían a campesinos de Revolución.

Los manifestantes indicaron que el agresor, ahora coordinador operativo de Programas Federales de la Secretaría de Bienestar en la entidad, empleó la misma estrategia de los presuntos prestanombres de Javier Duarte, en el caso del ejido Lerma, en Campeche.

Los inconformes indicaron que Cardozo dio dinero en efectivo a campesinos que vivían en ambas comunidades; sin embargo, estos no poseen el reconocimiento legal como ejidatarios para firmar en las actas de las asambleas donde, junto con un grupo de familiares, se apropió de esas tierras.

En las tierras expropiadas de Xbakab, Cardozo habría dado alrededor de 5 millones de pesos a los ejidatarios y otros 5 millones por las tierras de Revolución.

Los manifestantes detallaron que los pagos se realizaron en varias exhibiciones, en la ciudad de Champotón; sin embargo, adelantaron que ejecutarán juicios de nulidad de las asambleas ante el Tribunal Agrario, para que “el piso sea parejo” y “no haya mano negra”. Por ello, exigieron la destitución del funcionario federal

Ante la situación, los lugareños pidieron la intervención de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y de la Fiscalía Anticorrupción para investigar de dónde se sacaron los recursos para pagar las tierras, pues los movimientos “se hicieron bajo la mesa, en efectivo, y los recursos no pasaron nunca por un banco”.

Durante el mismo evento, ciudadanos de San Eduardo pidieron la destitución de Leonor del Carmen Carrillo Delgado, Leonardo de Jesús Cú Pensabé y Joaquín Santiago Sánchez Gómez, todos magistrados de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por presuntos actos de corrupción en la destitución y asignación de tierras.