Trato cruel contra 12 civiles, detenciones arbitrarias, manipulación de un cadáver, colocación de armas largas y la ejecución de dos hombres, uno de ellos desarmado y sometido, son algunas de las violaciones graves que cometieron militares en Palmarito, Tochapan.
A esa conclusión llegó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la recomendación 12VG/2018 sobre los hechos ocurridos durante un enfrentamiento entre huachicoleros y militares en Palmarito Tochapan, el 3 de mayo de 2017, que dejó un saldo de 10 muertos.
De acuerdo con el organismo defensor, tras una investigación propia lograron acreditar la participación que policías de la Secretaria de Seguridad Pública y militares en la ejecución arbitraria de dos personas, además de “violaciones graves” a los derechos de al menos 16 personas.
La investigación derivó tras la publicación d un video en el cual se observa a un soldado disparar a la cabeza de un hombre, pese a que éste está bocabajo y desarmado.
De acuerdo con la CNDH se incurrieron en violaciones a los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia, a la verdad, a la vida, a la integridad personal, a la legalidad y seguridad jurídica, al interés superior de la niñez y a la debida procuración de justicia.
Aunque el hombre no sería el único deceso pues ese día durante el enfrentamiento hubo 10 muertos: seis civiles y cuatro militares; 14 civiles y 12 militares lesionados y 9 adultos y 4 menores de edad detenidos.
Reparación del daño
Por ello, la comisión recomendó al gobernador Antonio Gali Fayad, y al titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, que se “repare integralmente el daño a todas las víctimas, que incluya indemnización, asistencia médica y psicológica.
También deben colaborar en las investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos contra el personal involucrado en la manipulación del cuerpo de una víctima y colocación deliberada de armas largas a dos cadáveres.
Cienfuegos Zepeda deberá coadyuvar a la investigación por falta de veracidad en la información proporcionada a la CNDH.
Mientras Gali Fayad deberá implementar políticas públicas para “solucionar y combatir” el huachicol en el “Triángulo Rojo”, coordinarse con los ayuntamientos de la zona y coadyuvar en la selección y evaluación de sus cuerpos policiales.
También deberá dar seguimiento al proceso administrativo que inicie el Consejo de Honor y Justicia de la SSP por omisiones en dictámenes de lesiones a 8 personas.
Todo ello deberá realizarlo en menos de tres meses, pues está próximo a terminar su periodo de gobernador.
El mismo dictamen llama a la Fiscalía General del Estado (FGE) a continuar con las carpetas de investigación por homicidio de tres personas, dar seguimiento a la queja por omisiones en la integración de estas carpetas y colaborar en la investigación ministerial por la retención ilegal de 4 menores de edad.
Mientras que al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) le recomendó colaborar en la queja que se formule ante la Comisión de Disciplina por las imprecisiones en las necropsias que peritos practicaron a 9 cadáveres, incluidos 4 elementos del Ejército y una persona menor de edad.
