Redacción
Martín Vizcarra, presidente de Perú, dio 48 horas al sector de las clínicas de salud privadas para llegar a un acuerdo sobre las tarifas que aplicarán a los pacientes con COVID-19 que hagan uso de sus unidades de cuidados intensivos, o de lo contrario serán expropiadas.
La Constitución peruana, en su artículo número 70, contempla la posibilidad de expropiar un bien privado por causa, exclusivamente, de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de una indemnización que incluya una compensación por el eventual perjuicio que se pudiera ocasionar.
En conferencia de prensa el presidente también agregó que aunque “el derecho a la propiedad es inviolable y el Estado lo garantiza”, el gobierno, “con la ley en la mano”, pondrá “la oferta privada a disposición del ciudadano”, de igual modo que “hay un esfuerzo para mejorar la oferta del sistema de salud pública”.
Vizcarra apeló al artículo 70 la Constitución peruana, así como a la propia Ley General de Salud, para tomar esta posible decisión, después de que clínicas privadas hayan sido fuertemente criticadas durante las últimas semanas debido a los altos precios que cobran para atender a enfermos del nuevo coronavirus.
En caso contrario, señala, se tendrá “que usar la oferta privada a precio razonable”, agregó el presidente peruano durante una comparecencia para hacer balance de la situación sobre el COVID-19.