De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL 2016), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 12 por ciento de las mujeres detenidas en Puebla sufrió violencia sexual por las autoridades encargadas de su proceso legal.
La cifra pone al estado en el lugar 12 con este tipo de agresión, siendo Coahuila el estado en el que el mayor número de agresiones se ha cometido contra mujeres con el 38 por ciento del total.
Así lo señala el “Informe Alternativo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de México al Comité Contra la Tortura de la ONU 2012-2019”, dichas acciones muestran que la violencia física, psicológica y sexual es el patrón común que las autoridades utilizan para generar pruebas ilícitas que, usualmente, inicia desde una detención arbitraria.
A Coahuila le sigue Tabasco, con el 31 por ciento; Chihuahua y Nuevo León con el 17 por ciento; Guanajuato con el 16 por ciento; Hidalgo, Morelos, Veracruz y Guerrero con el 15 por ciento, Zacatecas está con el 13 por ciento y Puebla comparte con Sinaloa el 12 por ciento.
De acuerdo con defensores de derechos humanos la tortura sexual a mujeres incluye violación, la amenaza de cometer dicho acto, los tocamientos y/o descargas eléctricas en pechos, glúteos, genitales, obligar a la víctima a realizar actos sexuales.
3 a 1
Aunque los hombres superan en población al número de mujeres presas, el informe advierte que contra ellas es recurrente la violación sexual, superando 3 a 1 en el caso de los hombres.
Las probabilidades de ser víctimas de un abuso, aumentan en caso de ser detenidas por la Marina.
De una muestra de 58 mil presos, el 41 por ciento de las mujeres que fueron detenidas por elementos de la Semar, reconoció haber sido víctima de violación, mientras en el caso de los hombres el porcentaje fue de solo 5 por ciento.
Los militares son el segundo grupo más denunciado con el 21 por ciento de señalamientos, seguido de la policía de investigación y la Policía Federal con el 13 por ciento.
Un 10 por ciento señaló a la policía estatal y policía municipal como sus agresores y sólo el 6 por ciento no pudo identificar a qué corporación pertenecían sus atacantes.
En el caso de los hombres, el porcentaje más alto es contra la Policía Federal, con el 6 por ciento, mientras que los militares, marinos y policías investigadores son señalados por el 5 por ciento, la estatal por el 4 por ciento y la municipal por el 4 por ciento.
Autoridades omisas
A la tortura se le acompaña de la reproducción de estereotipos y roles de género, abusos verbales referentes a la sexualidad de las mujeres (por ejemplo, refiriendo que las víctimas son “putas” o “rejegas”, o que “les gusta” la tortura sexual) y también son utilizadas para humillar o incidir en la voluntad de los hombres que las acompañan (por ejemplo, obligarlos a firmar confesiones).
En caso de que las afectadas denuncien, en la mayoría no son investigados o son minimizados por las autoridades y las sobrevivientes revictimizadas cuando denuncian o se someten a exámenes médicos.
En tanto, las cifras van en aumento pese a que desde 2018 el comité Cedaw expresó su preocupación por el aumento de la tortura sexual en México.
Tan solo en 2018, el Centro Prodh documentó 29 casos de mujeres denunciantes de tortura sexual (la mayoría detenidas entre 2012 y 2015). De las 29 mujeres, 16 sufrieron violación sexual; en 12 de estos casos, más de un perpetrador intervino.
Otros hallazgos incluyen ocho casos de descargas eléctricas en pechos o genitales, hubo tres abortos ocasionados por la tortura, como consecuencia de la práctica de dirigir tortura física hacia el vientre de mujeres embarazadas con el fin (presunto y a veces explícitamente anunciado) de poner fin al embarazo.
También se denunció un caso de mutilación genital, además de los “clásicos” golpes, asfixia, cortes, quemaduras, ejecuciones simuladas, amenazas de violar a sus hijos y ser testigos de la tortura y ejecución de otras personas.
En todos los casos el personal ministerial encubrió o descartó las alegaciones de tortura, mientras que las mujeres fueron acusadas penalmente con base en pruebas ilícitas.
La gran mayoría sigue privada de su libertad hasta la fecha, en ningún caso se abrió de inmediato una investigación; todos permanecen en la impunidad.
En el caso de las mujeres indígenas, además de enfrentar los mismos riesgos durante las detenciones, tienen que lidiar con la militarizaciones de sus comunidades.
