Redacción

Tras confirmar la renuncia de Jaime Cárdenas Gracia a la titularidad del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, confirmó Ernesto Prieto, hasta ahora director de la Lotería Nacional, como su nuevo titular.

Cuestionado sobre las motivaciones, el mandatario dijo que Cárdenas tenía la decisión de regresar a la academia. El funcionario dimitente sólo estuvo tres meses en el cargo, pues había tomado posesión el pasado 16 de junio.

La administración pública, más en época de transformación, exige mucha entrega y fatigas. Hay gente muy buena, honesta, con convicciones inteligentes, pero no se les da… lo de el trabajo como servidor público. La verdad que esto es un apostolado.

Mientras que Margarita González Sarabia asumirá la dirección de la Lotería.

En su carta de renuncia, además de precisar que su salida será efectiva a partir del 1 de octubre, Cárdenas Gracia también denunció que se detectaron probables irregularidades administrativas, procedimientos de valuación que no garantizan el mayor beneficio para el Estado, mutilación de joyas, contratos favorables a las empresas y no al Indep y conductas de servidores públicos contrarias a las normas, entre otras.

El todavía funcionario señaló que se han presentado denuncias administrativas en el Órgano Interno de Control y por la manipulación de distintas piezas de joyería, se han presentado las denuncias penales en la Fiscalía General de la República.

También indica que para las liquidaciones de Ferrocarriles Nacionales de México y de Luz y Fuerza del Centro se deben más de mil millones de pesos en el cumplimiento de laudos laborales que se encuentran en ejecución.

“No contamos por el momento con liquidez para cumplir. Se ha solicitado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la ministración de estos recursos y se ha procedido a la venta de inmuebles de Ferrocarriles de México”, menciona en la misiva.

Advierte que la situación es grave y apremiante, pues más allá de las responsabilidades en que incurrirían los servidores públicos involucrados, el Estado mexicano tiene una deuda social con los trabajadores de esos organismos.

Con información de La Jornada