El gobierno de Joe Biden prohibió a los fiscales federales de Estados Unidos usar órdenes o citaciones judiciales para identificar las fuentes de los periodistas, después de que se revelaran esfuerzos de esa naturaleza bajo el expresidente Donald Trump.
El fallo fue celebrado por la asociación estadounidense de periodistas, fallo que se da semanas después de que el departamento de justicia notificara al Washington Post, The New York Times y la cadena CNN que la administración Trump arrancó su singladura obteniendo en secreto información de sus periodistas almacenada en teléfonos celulares y correos electrónicos.
Una intrusión que Trump justificó internamente en la necesidad de descubrir quién filtró a la prensa información de los contactos rusos con el expresidente.
La medida anunciada por el fiscal general Garland prohíbe también forzar a los periodistas a declarar en un tribunal sobre sus fuentes de información y dar acceso a sus notas de trabajo. Y, como trasfondo, el departamento de justicia apuesta por dar apoyo a legislación que blinde estas medidas para impedir que futuras administraciones regresen a prácticas que lesionen los derechos de los profesionales de la información.
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Esta reforma también aplica para la difusión de información clasificada, precisó el fiscal, lo cual representa un gran cambio exigido durante años por las asociaciones que defienden la libertad de prensa.
Los fiscales, sin embargo, conservan el uso de su arsenal legal contra los sospechosos de ser la fuente de filtraciones de información confidencial.
La directiva prevé algunas excepciones: si se sospecha que el periodista ha cometido un acto ilegal, por ejemplo, tráfico de información privilegiada, o ha utilizado un método prohibido, como la intrusión en sistemas protegidos; o si es para evitar la comisión de un hecho grave, como secuestros o atentados.
