Redacción

Los delitos de feminicidio, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción – en casos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones – y robo a transporte de carga se incorporaron al texto constitucional para los que se aplicará prisión preventiva oficiosa.

Aprobó el Pleno de la Cámara de Diputados en lo general, con 266 votos a favor, dos abstenciones y 127 en contra el dictamen que reforma y adiciona diversas normas legales para este fin.

Además se incorporaron los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, por desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y los delitos de abuso o violencia sexual contra menores.

También aumenta además de siete a ocho años de cárcel la pena máxima por portación de armas de fuego sin licencia, así como de uno a cuatro años de prisión la pena mínima por posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea.

El secretario de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Rubén Cayetano García dijo que este dictamen reforma nueve leyes y 15 artículos, para aplicar prisión preventiva oficiosa a delitos “de carácter grave” y que lesionan el tejido social.

De acuerdo con el legislador, este dictamen permitirá agravar penas para delitos de portación de armas de fuego, y se mejora la descripción para importación, venta y acopio de estos instrumentos.

Asimismo, se añade la posibilidad de que una vez que se haya implementado la prisión preventiva oficiosa, las partes puedan acceder a un acuerdo reparatorio y, por efecto, la sustitución de la medida cautelar.

Sin embargo, el priista Enrique Ochoa calificó la prisión preventiva de oficio como una “salida falsa” para resolver los problemas de inseguridad y alertó sobre el riesgo de castigar a inocentes con la privación de la libertad.

Lo lamentable de esta propuesta es que van a pagar justos por pecadores, se va a castigar a inocentes a que lleven proceso judicial en la cárcel, estableciendo una pena anticipada (…); eso no va a generar de ninguna manera justicia, sino impunidad, porque un inocente va a estar en la cárcel durante el proceso penal y el verdadero responsable va a estar afuera delinquiendo.

Al fijar el posicionamiento del PAN, la diputada Pilar Ortega afirmó que la prisión preventiva oficiosa no solo es violatoria de los derechos humanos, sino promueve la impunidad.

Lejos de ser una solución, perpetúa los grandes vicios de nuestro sistema penal, solo se procesa a quienes son detenidos en flagrancia y promueve la saturación de nuestro rebasado sistema penitenciario, en pocas palabras, la prisión preventiva termina por promover impunidad.

La coordinadora del grupo parlamentario del PRD, Verónica Juárez, sostuvo a su vez que la reforma en materia de prisión preventiva solo agravará el problema, incrementando la sobrepoblación y el hacinamiento en las cárceles, sin que tener más personas acusadas adentro implique tener un menor número de víctimas afuera.

Ante el justificado reclamo social que exige reducir la impunidad, las y los legisladores del grupo parlamentario de la mayoría se han inclinado por el populismo penal, dejando de exigir a nuestras instituciones los estándares de actuación que corresponden al nuevo Sistema Penal y que garantizan los Derechos Humanos.

Con información de Eje Central/ Milenio