La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los despidos de trabajadores de gobierno que se realizó al inicio del sexenio de Rafael Moreno Valle, además de ser irregulares fueron injustificados, con lo que se destraban los juicios de más de 14 mil exburócratas.

Ello al resolver los casos de cinco exburócratas: María Blanca Castillo Santos, con el amparo directo número 683/2017; Lilia Torres López, con número de juicio 701/2017; Miguel Ángel Bolás Valencia, con número de amparo 80/2018; Adolfo Hernández Vargas, con el juicio ganado 129/2018; y otro con el amparo 174/2018, todos ellos ganaron sus juicios de amparo para su reinstalación, jubilación o pago de indemnización, de acuerdo con sus intereses.

Con los cinco casos se convierte en jurisprudencia, lo cual permitirá destrabar los juicios de miles de trabajadores de base que habían estado parados hasta ocho años, pues los Tribunales Colegiados de Circuito tiraron el argumento de baja por falta de presupuesto para el pago de su salario.

Y es que, en el mismo periodo más de 16 mil trabajadores de todos los niveles, dependencias, áreas y antigüedad fueron despedidos bajo ese argumento pese a que dicha plazas no desaparecieron, sino que fueron cubiertas por nuevos ingresos.

Con ello, será cuestión de tiempo para que los juicios de garantías contra la parte patronal se retomen.

Los números

De acuerdo con Marco Antonio Manzano, representante de los despedidos del sexenio de Moreno Valle, aún hay 420 juicios contra el gobierno estatal, sin embargo a dicha jurisprudencia podrán sujetarse los cerca de 16 mil burócratas despedidos.

En los primeros tres años de su administración, en las 62 dependencias -incluidas las descentralizadas- fueron despedidas 12 mil 79 personas, un promedio de once burócratas diarios, incluyendo sábados y domingos.

Ahora se sabe que en ese tiempo, 8 mil 441 personas fueron dadas de baja de 40 dependencias centrales, incluyendo las Secretarías de Estado desaparecidas o unificadas, así como las Direcciones, Comisiones u organismos públicos.

Además, otras 3 mil 638 personas dejaron de trabajar en 31 organismos descentralizados, que incluyen consejos, instituciones y universidades tecnológicas.

Ahora, en tribunales hay más 4 mil demandas por despido injustificado congeladas.
Con el fallo del SCJN los cinco exburócratas podrán cobrar salarios caídos por hasta 600 mil pesos en el menor de los casos, lo que notoriamente afectará las arcas gubernamentales por adeudos hasta por 250 millones de pesos en total.

Lo que sigue

La reinstalación, indemnización o jubilación de los rescindidos tendrá gran peso en el presupuesto de Puebla, por lo que Manzano adelantó que ya recurrieron al Congreso del estado para que la devolución de los salarios caídos sea contemplada para el presupuesto de 2019.

De igual forma, el líder adelantó que hasta que no se resuelva el tema de la impugnación de la elección a la gubernatura no tendrán trato con Martha Erika Alonso Hidalgo, gobernadora electa y esposa del exgobernador.

Por el contrario sí se acercarán al Congreso poblano que tiene una mayoría morenista para que se establezca la Comisión Especial para la Reinstalación de Burócratas Rescindidos.

De igual forma dijo que estarán dispuestos a negociar, inclusive con la reinstalación, “para continuar trabajando sin problema y evitar esa afectación al dinero público”.

En caso de que no sean reinstalados sí exigirán el pago correspondiente de las indemnizaciones conforme a derecho para que suspendan los litigios y no continúen pagando abogados y endeudándose.

Con información de Intolerancia