Redacción PH

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio cinco días al extinto partido Fuerza por México (FXM), encabezado por Gerardo Islas Maldonado, para regresar casi 34 millones de pesos que gastaron sin autorización.

También ordenó mancomunar sus cuentas bancarias y suspender la entrega de prerrogativas restantes tanto locales como federales e iniciarles un proceso administrativo.

De acuerdo con el INE el partido que dispuso de recursos hasta el 30 de septiembre, pese a que oficialmente un mes antes había perdido su registro por no lograr el 3 por ciento de la votación nacional y el dinero estaba sujeto a vigilancia y autorización del interventor.

Sin embargo, el organismo político liderado por Pedro Haces realizó 140 pagos por concepto de “proveedores” por un total de 33 millones 920 mil104.06 pesos.

Los pagos habrían sido autorizados por Pablo Enrique Gutiérrez Mondragón, secretario de Administración y Recursos Financieros del extinto partido, aunque carecieron de la autorización del interventor.

Te interesa: INE inicia liquidación del PES, RSP y Fuerza por México

Por ello, y para evitar que sigan realizando gastos sin autorización, se pidió la intervención de la Comisión de Fiscalización, a fin de salvaguardar el patrimonio

“Debe requerirse a los CC. Ángel Gerardo Islas Maldonado, Alma Lucia Arzaruz Alonso y Pablo Enrique Gutiérrez Mondragón, presidente, secretaria general y secretario de Administración y Recursos Financieros, respectivamente, del Partido Fuerza por México, para que reintegren los gastos erogados por la totalidad de los montos que se describen en la relación que se anexa basada en la información proporcionada por el Interventor y apercibir a los funcionarios del partido”.

Por lo anterior, el INE pidió al interventor realizar una revisión exhaustiva a los estados de cuenta y demás documentos de los que se pueda desprender el monto total de los recursos erogados sin su autorización, a fin de determinar si existieron otros gastos ilegalmente realizados que no le hubieren sido reportados al interventor, ni registrados en el Sistema Integral de Fiscalización.

Con información de Forbes