Redacción PH
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por los delitos de delincuencia organizada, uso de recursos de procedencia ilícita (provenientes del narcotráfico) y fraude fiscal.
Sobre el procedimiento Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, habló en la conferencia de prensa matutina de Presidencia, destacando que el procedimiento será legal y transparente, descartando así que se trate de una venganza o un tema político.
También precisó que la solicitud ante la cámara para el desafuero del gobernador tiene su origen en una investigación conjunta del Ministerio Público Federal y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
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Gertz agregó que está garantizado que los diputados federales de todos los partidos tengan acceso al expediente antes de votar el desafuero del mandatario, de forma que el juicio será público.
El procedimiento que se está siguiendo en el caso de esta persona tiene una ventaja muy grande: es su claridad, nosotros lo estamos presentando ante el Congreso para ver si existe la procedibilidad correspondiente, todo el Congreso, todos los partidos políticos, todos los diputados van a tener acceso a ese procedimiento para conocer si existe un absoluto y total apego a la justicia y al proceso penal junto a las pruebas que se están aportando.
Fue en meses pasados cuando particulares presentaron una denuncia por enriquecimiento ilícito por más de 951 millones de pesos; derivado de esa denuncia, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Ministerio Público integraron la carpeta de investigación y han podido acreditar que entre abril y diciembre de 2019 se realizaron triangulaciones financieras que le reportaron ingresos por 42 millones de pesos de una empresa fachada que no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones fiscales, denominada TC12.
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Esta empresa habría recibido los recursos a su vez de la empresa RC, cuyos socios son declarados como sospechosos de operaciones de procedencia ilícita en Estados Unidos, por lo que se configuran los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, así como enriquecimiento ilícito.
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