Óscar Gilbón Rosete, tesorero de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) reconoció que un retraso en la entrega de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) afectará el pago de quincena a todos sus trabajadores.
Aunque esta no es la primera vez que sucede un retraso, sí es la primera vez que afectaría a docentes y trabajadores administrativos, ya que la BUAP no cuenta con el dinero suficiente para cubrir el pago de la primera quincena del año, nómina que asciende a casi 150 millones de pesos, reconoció Gilbón Rosete.
Recordó que el pasado diciembre también ocurrió otro retraso de los recursos federales los cuales fueron liberados hasta el 31 de diciembre, sin embargo en esta ocasión no cuentan con la solidez económica para pagarle a los casi 12 mil trabajadores.
En octubre, la BUAP anunció que solicitaría una línea de crédito por 208 millones de pesos para invertirlos en proyectos de infraestructura en diferentes campus del estado, monto que la institución pagará en 6 años.
Retrasos, la constante
Hasta ahora, el 2018 ha sido económicamente el año más complicado de la Máxima Casa de Estudios de Puebla al tener que sortear reajustes, retrasos y reasignaciones presupuestales.
La primera ocurrió en febrero cuando enfrentó una crisis de liquidez, pues aunque la Federación ya había enviado la primera parte de su presupuesto 2018, tuvo que solicitarle a la Secretaria de Finanzas y Administración (SFA) liberar los 700 millones de pesos que le correspondían a la institución.
En junio, la Secretaría de Educación Pública (SEP) incumplió con la entrega de 150 millones de pesos, que servirían para el crecimiento de las unidades regionales con las que cuenta la BUAP.
En julio el rector Alfonso Esparza Ortiz confirmó que la universidad buscaría un crédito por 350 millones de pesos, a pagar en un plazo de cuatro años, para poder enfrentar el déficit presupuestario que venían acumulando.
Finalmente, hace unos días Esparza Ortiz reconoció que las medidas de austeridad impulsadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, también afectarán la generación de nuevas plantas laborales para docentes, pues éstas deberán estar autorizadas por la SEP federal.
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