Únicamente entre 25 y 30 por ciento del total de las vacantes para docentes durante los últimos dos años de la administración pasada se asignaron respetando la Ley del Servicio Profesional Docente, de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

De acuerdo con Pablo Clark García-Dobarganes, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), entrevistado por Excélsior, señaló como uno de los responsables de esta mala práctica a los gobiernos estatales,

“Hubo muchos gobiernos de los estados que, en el momento en que se liberaban plazas en las escuelas, esas plazas las escondían y no se las reportaban al gobierno federal, porque si se las reportaban al gobierno federal entonces hubiera sido necesario asignarlas mediante los concursos de ingreso, entonces ellos las reportaban y las asignaban por otros medios, ya sea por asignación directa del gobierno estatal, una negociación con el sindicato y, simplemente, luego lo metían a la nómina general, de hecho es así como se identificó este 25 a 30 por ciento. El gobierno federal revisó a todos los maestros de la nómina y vio cuáles habían entrado o no por concurso y llegó a este porcentaje”.

Fue la voluntad política de cada gobierno estatal y de la fuerza que tuvieran para negociar con los sindicatos, lo que se convirtió en una razón fundamental por la que no se pudo erradicar la venta y herencia de plazas con la Reforma Educativa de 2013 es que, al final, la atribución de repartir dichas plazas siguió dependiendo de las administraciones estatales.

En este contexto, García-Dobarganes planteó que la iniciativa de reforma educativa del Ejecutivo federal tiene el problema de que definitivamente deja la puerta abierta para que las plazas se asignen por otros medios.

“Es evidente que la Reforma Educativa de 2013 no alcanzó los efectos que queríamos en términos de venta de plazas, pero sí tuvo un éxito en que, por lo menos, ya no fueran todas las vacantes, hubo un avance discreto de 25 o 30 por ciento, pero es un avance que no hay que tirar a la basura, sino fortalecer en la ley, pero, sobre todo, en la práctica, en los procesos de concurso, de ingreso y de promoción transparentes y objetivos”.

Cabe mencionar que el pasado miércoles, Esteban Moctezuma Barrangán, secretario de Educación Pública, reveló que el gobierno de Enrique Peña Nieto utilizó fondos discrecionales para repartir dinero, a fin de tranquilizar los problemas que provocó su Reforma Educativa.

El funcionario subrayó que la administración pasado no cumplió con la cancelación de la venta y herencia de plazas, pues en su intento de imponer la reforma terminó negociando con recursos federales, sin embargo la estrategia no funcionó.