Dos jueces federales concedieron amparos contra la Ley de Seguridad Interior al considerarla inconstitucional ya que el estatuto pone en riesgo los derechos humanos de los ciudadanos.
Los recursos fueron presentados ante juzgados federales de la Ciudad de México y Guanajuato, uno de ellos fue Fernando Silva García, Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, quien concedió el amparo al bufete Tierra y Libertad.
El juez aseguró que la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y seguridad interior “implica introducir un riesgo para el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, porque la autoridad militar difícilmente puede sustraerse al régimen de mando y adiestramiento para el cual ha sido creado”.
Por ello, al permitir que se encarguen de las funciones de seguridad pública representa “un riesgo para el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas”.
Mientras Karla María Macías Lovera, juez Noveno de Distrito en Guanajuato, el amparo fue resuelto a favor de una organización defensora de los derechos humanos.
“Por el hecho de su actividad que los vuelve susceptibles al escrutinio del poder estatal, con motivo de las labores de promoción y protección de derechos humanos; máxime que su línea de acción versa sobre derechos políticos y temas relacionados con democracia y ciudadanía”, indicó la juez.
Sin embargo, también apuntó que algunos de los artículos violan los derechos humanos, ya que no sólo afectan a quienes solicitaron el amparo, sino a toda la población.
Cabe mencionar que la Ley de Seguridad Interior, fue promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto el 21 de diciembre de 2017 y define una serie de situaciones en los que las Fuerzas Armadas y militares podrán participar en cuestión de seguridad pública.
