Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, fue sentenciado a 9 años de prisión y una multa de 58 mil pesos por los delitos de asociación delictuosa, y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La insólita sentencia se logró, gracias a que el mandatario llegó a un acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR) y aceptó haber desviado recursos públicos a través de una red de empresas fantasma, con lo cual evitó ir a juicio y se le concedió una reducción de sentencia.
El acuerdo se logró pese a que Javier Duarte se mantuvo prófugo casi seis meses y fue detenido en Guatemala el 15 de abril de 2017.
Al sucesor de Fidel Herrera Beltrán también se le decomisarán 41 propiedades, sin embargo una investigación del diario Reforma advirtió que el exgobernador de Veracruz y su esposa Karime Macías eran propietarios de más de 90 propiedades, varias de ellas están en el extranjero.
Duarte había pedido licencia a su cargo el 12 de octubre de 2016, en medio de severos cuestionamientos por las empresas fantasmas, la crisis de inseguridad en Veracruz y el asesinato de periodistas.
Incluso en un noticiario que se transmite a nivel nacional, aseguró que se quedaría en Veracruz para responder por la investigación que pesaba en su contra.
Una semana después la Agencia de Investigación Criminal (AIC) emitió una orden de aprehensión, y Duarte de Ochoa desapareció.
