La era de Víctor Carrancá Bourget en la Fiscalía General del Estado (FGE) llegó a su fin y a su paso deja un fallo total en los avances de investigaciones en casi todos los casos que cimbraron no sólo a la sociedad, sino que también pusieron en duda su efectividad en el cargo.

Originario de la Ciudad de México, llegó a Puebla al inicio de la administración de Rafael Moreno Valle para encabezar la entonces Procuraduría General del Estado (PGE), desde dónde poco pudo hacer contra el creciente clima de inseguridad que comenzaba a trastocar al estado.

Debutó como el “brazo represor” de Moreno Valle, llevando a reprimir y encarcelar a más de 200 personas que se manifestaron en contra de obras o programas impuestos por su gobierno.

Chalchihuapan

Aunque desde el principio dejó en claro sus lealtades con el morenovallismo, en 2014 llegaría una prueba de fuego con la que comenzaría a construir un largo historial de errores que desencadenó en su eventual caída se oficializó este viernes.

En el caso de Chalchihuapan y la muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo, víctima de una bala de goma lanzada por granaderos cuando reprimían una protesta de pobladores de San Bernadino, Carrancá Bourget intentó defender acusando que el menor habría sido víctima de una “onda expansiva de un cohetón”, y para probarlo usaron cabezas de cerdo, a fin de recrear los hechos y confirmar que su hipótesis era posible.

A su historial se le añade el autorobo que por parte de funcionarios y custodios en la Bodega de indicios, situación de la cual, a la fecha no hay una cifra oficial o lista de los objetos hurtados.

Feminicidios

No sólo son los casos que tuvieron una importante repercusión mediática como el de Mara, Karla, Paulina, Tania, sino también se refiere al brutal incremento de feminicidios en el estado.

También destacó por la impunidad que se dio en varios casos o en cómo a la fecha, son contados los casos en los que se han obtenido sentencias condenatorias por feminicidio.

Tal es el caso de José María Sosa, quien a la fecha solo ha sido condenado por la desaparición de Paulina Cargo Limón, sin embargo a la fecha no hay pruebas sólidas que demuestren que el joven asesinó a su novia embarazada pues el cuerpo nunca fue localizado a pesar de la presunta confesión del veracruzano.
En el caso de Mara Castilla en el cual a la fecha tampoco se ha podido condenar al conductor de Cabify, quien aunque permanece en la cárcel no ha podido ser sentenciado debido a una serie de amparos que ha presentado su abogado.

Situación similar ocurre con el caso de Karla López Albert pues aunque su expareja y asesino Manuel Forcelledo Nader y dos de sus cómplices, está en la cárcel aún no se les ha dictado sentencia por una serie de amparos que han promovido argumentando deficiencias en la investigación.

Sin resultados

También existen una serie de estudios los cuales dejan en claro las numerosas deficiencias de la FGE, tan solo este miércoles se dio a conocer un reporte del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim), el cual indica que en Puebla sólo en 0.1 por ciento de los delitos cometidos de enero de 2016 a junio de 2018, la Fiscalía obtuvo sentencia contra los culpables, lo que significa que, de cada 810 carpetas de investigación abiertas, solo una llega a sentencia.

Resultados similares concluyó el reporte de Impunidad Cero, “Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías”, en el que Puebla se ubicó en el último lugar de las dependencias en procuración de justicia de todo el país al tener una efectividad del 29.84 por ciento, destacando que sólo una de cada 100 denuncias que llegan a manos de los operadores de la dependencia son esclarecidos.

También deja a una Puebla sumida en la inseguridad, con alarmantes primeros lugares en robo a trenes, robo de combustible, así como grandes aumentos en casos de extorsión, homicidios, secuestros, robo a transporte públicos, casa habitación, asaltos y más sin que se vea un claro avance en las investigaciones o disminución de dichos delitos.