Habitantes de colonias y juntas auxiliares de la ciudad de Puebla, encabezados por el diputado federal por Morena, Alejandro Carvajal Hidalgo,entregaron en el Congreso de Puebla 11 mil 500 firmas para pedir la revocación de la concesión otorgada a Concesiones Integrales.
El principal argumento de los usuarios contra Agua de Puebla es la falta del vital líquido y el incremento en las tarifas, de entre un 300 y 400 por ciento, además de otros presuntos abusos que ha cometido la administradora contra usuarios.
Previo a su arribo al Congreso los manifestantes, se concentraron en el zócalo, donde ya estaba Carvajal Hidalgo, quien aseguró que todas las rubricas entregadas era legítimas y cada estaba una respaldada por el nombre y apellido de algunos de los afectados.
Precisó que la demanda es que se revoque la concesión de manera inmediata y que el Congreso intervenga como poder popular, dejando de evadir el problema.
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“El Congreso del Estado y todos los diputados deben de modificar la Ley de Aguas e iniciar a través del gobierno del estado la cancelación inmediata de la concesión, sin contraprestación económica”.
Recordó que los afectados son los poblanos a quienes se les priva del acceso al agua, pese a que es un derecho humano.
Agregó que desde el punto jurídico hay suficientes causales para revertir el contrato, sin que se tenga que hacer un pago a la empresa, como se ha manejado, y precisó, la empresa ha incumplido en la cláusulas de inversión y la prestación de servicio.
Por algo la empresa no solo es susceptible a la rescisión, sino también debería practicarse una auditoría externa para tener un diagnóstico real que guarda el servicio, y se conozca ya “sin dimes y diretes”, para tener una concepción real.
“Una auditoría externa que establezca cuál es la realidad de Agua de Puebla, es decir cuál es el problema, cuál es la magnitud del incumplimiento, un diagnóstico integral de una entidad externa, ya sea de una universidad, de una empresa, con ciudadanos”.
Y es que recordó que la infraestructura en las colonias es nula, además de que el servicio sólo se presta una vez a la semana en la mayoría de los lugares.
“Se tiene que intervenir, y la legislatura federal no dejará de intervenir”.
Cabe recordar que este lunes, la regidora panista Augusta Díaz de Rivera, dio a conocer que retirar la concesión implicaría un costo de entre 3 mil y 7 mil millones de pesos, por lo que se pronunció por negociar con la empresa y firmar un tercer convenio modificatorio.
