Aunque el gobernador Miguel Barbosa Huerta ha responsabilizado al gobierno interino que encabezó Guillermo Pacheco Pulido, de autorizar el proyecto inmobiliario que se desarrolla en el Cerro de Amalucan, los responsables son la autoridad estatal y municipal por emitir el dictamen sin realizar un adecuado análisis.
Así lo advirtió el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim), quien en redes sociales compartió algunas precisiones sobre el proyecto que, momentáneamente, ha sido frenado por el gobierno estatal tras el derribo de, por lo menos, 100 árboles para comenzar con el desarrollo inmobiliario.
De acuerdo con Juan José Hernández López, presidente del Igavim, el proyecto de la empresa Hogares Edén fue avalado por la Semanart en julio de este año, de acuerdo al estudio de impacto ambiental “Construcción de acceso al parque del cerro Amalucan (descarga pluvial)”.
El mismo fue declarado ante la Secretaría de Infraestructura del estado y, posteriormente, en diciembre de 2018, la administración de Claudia Rivera Vivanco daría luz verde al emitir la factibilidad de uso de suelo, con lo que comenzó el derribo de los árboles.
Entérate: Barbosa ordena frenar tala y obras en el Cerro de Amalucan
Sin embargo, de acuerdo con el especialista, ambas autoridades ignoraron los diversos riesgos y ordenamientos, como las consecuencias en el entorno y los impactos de riesgo que traerá, ya que se trata de un punto de la ciudad que es proclive a las inundaciones.
Inundaciones y más
El riesgo de inundaciones ya había sido, tiempo atrás, admitido por la Secretaría de Infraestructura, incluso se habían proyectado otros conflictos que traería el proyecto, como la redensificación, incremento de tránsito y pérdida del ecosistema.
Todo ello se estipuló en el estudio de impacto ambiental autorizado, por lo que se consideró la renovación de redes alcantarillado y agua potable; así como la modernización de las vialidades conectoras.
Pese a los riesgos y advertencias, la administración de Rivera Vivanco dio luz verde al proyecto aunque no tiene la capacidad para realizar el análisis de los impactos negativos acumulativos a corto, mediano y largo plazo, los cuales repercuten en el medio ambiente, y serán responsabilidad de la autoridad municipal.
“El proyecto inmobiliario para la construcción de más de mil casas generará factores de riesgos, que tendrán que ser incluidos en la actualización del Atlas de riesgos y que a su vez la autoridad municipal deberá solventar y mitigar como responsable inmediato de estos proyectos”.
Por lo anterior, el Igavim considera que la administración municipal justifique cómo analizó los impactos negativos del proyecto, al mismo tiempo lanzó un exhorto al gobierno estatal para que inicie los procesos administrativos correspondientes para que el Ayuntamiento responda por las deficiencias del análisis en la expedición de permisos a favor de la constructora.
“No estamos en contra de este tipo de proyectos, sí estamos en contra de las evaluaciones limitadas que hacen la autoridad municipal y la estatal. Independientemente de si es una administración u otra deben iniciarse los procedimientos administrativos contra quien así lo merezca por anomalías y deficiencias de análisis”.
