Redacción

Al no haber realizado una consulta previa, libre e informada sobre la Ley de Educación, aprobada en fast-track en mayo pasado, el Congreso de Puebla violentó la ley y los derechos de comunidades indígenas y personas con discapacidad.

Así lo señala la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la acción de inconstitucionalidad 186/2020 que promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que exige invalidar los capítulos VI y VIII “de la Educación Indígena” y “de la Educación Inclusiva” por no tomar en cuenta la opinión de los sectores involucrados.

De acuerdo con la CNDH, el Congreso de mayoría lopezobradorista al no consultarles violó los artículos 1, 2 y 3 de la Constitución federal, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y un tratado de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Precisa que, aunque Puebla tiene menor población indígena en comparación con otros estados, la ley obliga a los legisladores a tomar en cuenta a las minorías y sectores vulnerables en las reformas que los involucran, por lo que –insiste—tuvo que consultarse a las comunidades indígenas y a las organizaciones sociales de personas con discapacidad, al contener disposiciones que impactan directamente en sus derechos.

Es incuestionable que resultaba necesario e indispensable que el legislador estatal realizara la consulta indígena para conocer las inquietudes particulares de los pueblos y comunidades originarias y afromexicanas para, de esta forma, hacerlos partícipes en la creación de las medidas legislativas en cuestión y así garantizar el respeto de todos y cada uno de sus derechos.

No obstante, el organismo reconoce a la Ley como “positiva”, no así el proceso legislativo que se dio sin “apegó a los parámetros que exige una consulta previa en la materia”.

Cabe recordar que la Ley enviada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta fue aprobada tres días después de haber sido recibida en el recinto legislativo.

Su aprobación que se dio pese a la exigencia de universidades, escuelas privadas y organizaciones para entablar una mesa de discusión al existir –en su perspectiva– artículos que violentaban la forma en que hasta hace unos meses se estuvieron manejando.

Finalmente, la impugnación de la CNDH ante el máximo tribunal del país tampoco es un pronunciamiento en contra de la ley, sino del proceso legislativo en el que se dio.