Luis Armando Soriano Peregrina, quien en 2015 fue adherido al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por las amenazas que estaba recibiendo de la administración de Rafael Moreno Valle, fue nombrado subsecretario de Prevención de Delitos y Derechos Humanos en la SGG.
En una transmisión en vivo, Soriano Peregrina quien como litigante privado desde 2013 comenzó a llevar casos de docenas de burócratas rescindidos en la administración de Moreno Valle, anunció que desde el pasado 1 de febrero despacha dese el Centro Integral de Servicios (CIS).
El nombramiento le fue otorgado por Fernando Manzanilla Prieto, diputado federal con licencia y quien actualmente se desempeña como titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG).
Como subsecretaria deberá encargarse de la prevención del delito con perspectiva de derechos humanos, de los casos de protección a periodistas y activistas, así como la participación ciudadana, bajo el esquema de organizaciones civiles y su vinculación.
Cabe recordar que estos nombramientos son temporales, pues el 1 de agosto del año en curso tendrán que entregar la administración estatal a quien resulte ganador en las elecciones del 2 de junio.
La persecución
Soriano Peregrina antes de convertirse en un perseguido de Moreno Valle formó parte de la Sindicatura con Blanca Alcalá Ruiz, más tare estuvo en la Secretaría de Finanzas, en un área de manejo de asuntos laborales.
A partir de 2013 como litigante privado se encargó de llevar los casos de decenas de burócratas rescindidos por el panista.
Tras descubrir que desde el Tribunal de Arbitraje del Estado los trabajadores “desaparecían” los expedientes de los rescindidos para que no se realizara ni la primera audiencia y que esa había sido estrategia para frenar, por lo menos, cinco mil juicios, el abogado optó por denunciar públicamente su descubrimiento.
En respuesta, el abogado comenzó a recibir llamadas de la SGG y la Secretaria de Administración, además de un robo y amenazas anónimas para que desistiera de continuar llevando casos.
Aunque quiso demandar por esos hechos, ni en la Procuraduría General de Justicia ni en la inservible Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla le quisieron admitir sus escritos de denuncia.
En todas esas ocasiones se negó a dejarse amedrentar, sin embargo optó por huir cuando recibió una nutrida diligencia al domicilio de su madre que incluyó no sólo a funcionarios de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino también agentes policíacos para cobrarle una fotomulta no pagada que en los últimos años había ascendido a 10 mil pesos.
De acuerdo con el afectado la finalidad de dicho operativo era detenerlo y encarcelarlo.
Finalmente a dos meses de su autoexilio el también presidente del Consejo Nacional Ciudadano, capitulo Puebla, seria adherido al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, mediante un procedimiento extraordinario.
