? : Hilo Directo

La periodista Lydia Cacho Ribeiro acusó a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), por haber dejado pasar 15 días y contando, para publicar la alerta roja ante la Interpol, lo que les dio tiempo a Mario Marín Torres, Kamel Nacif Borge y sus cómplices de escapar.

Desde su cuenta Twitter la autora de “Los demonios del Edén”, denunció la presunta complicidad al dilatar la publicación de la alerta ante la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés), lo cual ya le dio ventaja de 15 días para escapar al exgobernador priista y al empresario textilero acusado de formar parte de una red de pederastas.

Recordó que la AIC, perteneciente a la Fiscalía General de la Republica (FGR) es la responsable de hacer pública la búsqueda, sin embargo aunque la ficha roja debió haberse publicado el 13 de abril.

En su reporte también arrobó al presidente Andrés Manuel López Obrador, tras precisar que Marín, Nacif y Karam son prófugos de la justicia, pese a que aún las autoridades mexicanas no han actualizado la información para que se emita la Alerta Roja Internacional de búsqueda.

Hasta ahora, de los cuatro señalados por torturar a la periodista tras detenerla ilegalmente, solamente Juan Sánchez Moreno, comandante de la policía judicial, ha sido detenido.

Sobre el exgobernador poblano trascendió que tramitó un amparo, mientras que Adolfo Karam Beltrán, exdirector de la Policía Judicial, en días pasados dio una entrevista y retó a la periodista a una prueba de polígrafo, negando cualquier tipo de tortura en su contra.

Del llamado “Rey de la mezclilla” no hay datos sobre su paradero.

Finalmente, tras incluir las evidencias fotográficas la también activista recordó que lleva 15 años persiguiendo una red internacional de traficantes de menores de edad, por lo que ahora se concentrará en encontrar a los responsables y que los tribunales realicen su trabajo.

“Lo repetiré hasta que sea la regla y no la excepción frente a la impunidad en México #AquíNadieSeRinde. Estos 15 años llevando evidencia ante fiscales y tribunales valen el esfuerzo. Tenemos que sentar precedentes contra la colusión de servidores públicos y trata de personas”.