En todo el país los menores infractores privados de la libertad en los centros de tratamiento interno, están en una situación de vulnerabilidad, de acuerdo con el informe de la CNDH.
Esta situación se repite en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (Ciepa), tal y como se advierte en el informe especial sobre los centros de tratamiento interno para adolescentes que infringen la ley penal de la república mexicana.
Con la aplicación de encuestas anónimas a los 23 internos y 1 interna del centro ubicado en la carretera federal Puebla-Atlixco, plasmaron sus quejas, siendo la mayor denuncia los maltratos y amenazas por parte de compañeros y el propio personal.
Los adolescentes encuestados manifestaron que personal del centro los ha obligado a permanecer en posturas forzadas, sometido a maltrato físico, insultos, amenazas, alojado sin ropa en una celda y/o privando de agua y comida.
También se señala que las instalaciones no reúnen las condiciones para garantizar una estancia digna, debido a que presentan alguna o varias deficiencias relacionadas con las malas condiciones de camas, colchones, inodoros, lavabos, regaderas, sillas y mesas en áreas de visita familiar, falta de vidrios en ventanas o puertas en sanitarios, quitándoles el derecho a la privacidad.
Otra de las deficiencias es la falta de áreas para el acceso a servicios y actividades, como lo es instalaciones deportivas, locutorios, protección, visita familiar o áreas de ingreso, observación y clasificación.
Mujeres, sin espacios
Aunque la población de mujeres, actualmente asciende a sólo una reclusa, el Ciepa carece de espacios e instalaciones adecuadas, restringiéndole el acceso a las actividades o servicios que en ellas se brindan o bien, tienen que compartirse con los varones: como las de locutorios, visita familiar, comedores, talleres, aulas, biblioteca, patios, áreas deportivas y médica, además de que tampoco existe personal técnico específico para su atención.
Otra de las deficiencias es en su alimentación, pues se observó mala calidad e insuficiente cantidad de los alimentos que se proporcionan, así como la falta de higiene durante su elaboración.
Uno de los puntos más delicados es la inadecuada separación y clasificación, es decir no existe una estricta separación entre quienes están sujetos a procedimiento y los que cumplen una medida de tratamiento, entre hombres y mujeres, y no se realiza una apta clasificación de estas personas porque las autoridades no establecen criterios para ubicarlos o las instalaciones no reúnen las condiciones necesarias para tal efecto.
No se tratan adicciones
Tampoco tienen acceso a atención médica especializada para padecimientos propios de su sexo o el acceso a programas contra las adicciones y/o tratamiento de desintoxicación, ni modificaciones o adaptaciones para facilitar el acceso y salida de personas con discapacidad física.
Mientras la constante en los 45 centros del país que albergan a los mil 445 menores infractores, es la falta de un reglamento interno, manuales y programas para prevenir o contrarrestar incidentes violentos que pudieran presentarse en dichas instalaciones, además de que el personal no tiene la suficiente capacitación en materia de derechos humanos.
Por ello urgieron a que se realicen los cambios pertinentes para que con perspectiva de protección integral e interés superior de la niñez se garantice el respeto a los derechos humanos de los adolescentes privados de la libertad, para que reciban una estancia digna, protección de la salud, integridad personal, vinculación con la sociedad, mantenimiento del orden y aplicación de medidas disciplinarias.
