La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declaró la responsabilidad del Estado mexicano por “violencia sexual, violación y tortura” cometidas contra 11 mujeres los días 3 y 4 de mayo en 2006 en Atenco, Estado de México.
El uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales al momento de detenerlas no fue legítimo ni necesario, pero además fue excesivo e inaceptable por la naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones sufridas, advirtió la Corte.
Con la sentencia se obliga a México a revisar esta ley a la luz de los estándares fijados por la CorteIDH, que “refuerzan la perspectiva de seguridad ciudadana de carácter civil y la fiscalización externa de las instituciones de seguridad”.
Y es que Atenco es uno de los casos más emblemáticos de la represión de la protesta en México, cuando policías municipales de Texcoco, de San Salvador de Atenco, de la policía del Estado de México y de la Policía Federal reprimieron brutalmente las manifestaciones de los pobladores.
En dicha operación fueron detenidas arbitrariamente 11 mujeres, quienes durante su detención y mientras eran trasladadas e ingresadas al Centro de Readaptación Social “Santiaguito” fueron sometidas a múltiples formas de violencia, “incluida la violación sexual en el caso de siete de ellas”, explica el comunicado de la CorteIDH.
Además, los abusos no pararon cuando llegaron al Cereso, pues las víctimas también sufrieron un trato denigrante por los primeros médicos que las atendieron, quienes se negaron a revisarlas, a practicar exámenes ginecológicos, así como a reportar la violación sexual.
En su sentencia la Corte IDH precisó que la tortura fue utilizada como una “estrategia de control, dominio e imposición de poder”, lo cual aumentó la gravedad de las violaciones cometidas.
Las consecuencias
Ahora el Estado Mexicano deberá continuar e iniciar nuevas investigaciones para encontrar y sancionar a los responsables, así como indemnizar y brindar tratamiento médico y psicológico a las víctimas.
También tendrá que realizar un acto público en el que reconozca la responsabilidad y pida disculpas por el caso Atenco, además deberá monitorear el uso de la fuerza de la policía federal y del Estado de México. Así como elaborar un plan para dar seguimiento a los casos de tortura sexual.
Al respecto organizaciones de Derechos Humanos, entre ellos el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) calificaron la sentencia como “histórica”.
Es así como se espera que se ponga fin a la lucha de más de 12 años de las afectadas que denunciaron el abuso al que fueron sometidas por parte del gobierno estatal que encabezó Enrique Peña Nieto.
 declaró la responsabilidad del Estado mexicano por "violencia sexual, violación y tortura" cometidas contra 11 mujeres los días 3 y 4 de mayo en 2006 en Atenco, Estado de México.){kind=link}