Redacción PH
Aunque México avanzó seis lugares respecto a su calificación obtenida en 2019 en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2020 de la organización Transparencia Internacional, el país sigue entre los más corruptos de América Latina.
Así se advierte en el IPC, donde se observa una mejora de dos puntos y seis puntos, obteniendo 31 puntos. Sin embargo, este avance aun es bajo comparado con la evolución de 2014 cuando obtuvo 35 puntos, convirtiéndose en su mejor evaluación hasta ahora registrada.
Con esta calificación, México se ubicó en el lugar 124 de 180 países, pero permanece como el peor evaluado entre los miembros de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo Económico (OCDE).
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No obstante, a nivel América Latina México forma parte de los 16 países reprobados, aunque sus números son más altos que los de Venezuela (15), Nicaragua (22), Honduras (24), República Dominicana y Paraguay (28)
Por otro lado, los únicos “aprobados”, es decir con una menor percepción de corrupción son: Uruguay, Chile y Costa Rica, con 71, 67 y 57 puntos, respectivamente.
Corrupción y COVID-19
En el caso de México se destaca los eventos de corrupción ocurridos a partir de la emergencia sanitaria por COVID-19 a la par de “la falta de sanciones a los casos y redes de corrupción que ya son del conocimiento de la opinión pública”, tras ser revelados por periodistas de investigación.
Incluso recuerdan que de 2016 a 2019, años en los que las investigaciones periodísticas revelaron casos de corrupción de alto perfil, hasta ahora “ninguno de los casos de corrupción transnacional que involucran empresas y funcionarios mexicanos, fue sancionado en México”.
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Como consecuencia el riesgo de impunidad sigue latente en uno de los países con más periodistas amenazados, asesinos y grandes cifras de desaparecidos.
Al mismo y contrario a lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto, el organismo recomienda a México fortalecer las instituciones del sistema anticorrupción, especialmente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), mientras que la FGR y las instituciones de justicia deben concentrarse en dar “resultados concretos”.
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