En 2017, además de ser considerado el año más mortífero para activistas de defensores de la tierra y medio ambiente, al documentar el asesinato de 207 ambientalistas, de los cuales el 60 por ciento de ataques ocurrieron en América Latina, México obtuvo el tercer lugar.

En el informe ¿A qué precio? de la organización Global Witness, Brasil se colocó como el país más mortífero con 57 homicidios, seguido de Colombia con 24; México con 15; Perú con ocho; Honduras con cinco; Nicaragua con cuatro; Guatemala con tres; Argentina y Republica Dominicana con dos cada uno, y Venezuela con uno.

Del otro lado del mundo, Filipinas se suma a la lista con 48 casos, número más alto jamás documentado en un país asiático.

Dichas cifras suponen casi cuatro víctimas por semana, convirtiendo a 2017, en el peor año del que se tiene registro, siendo el grupo más vulnerable el de los líderes indígenas, activistas comunitarios y ecologistas que se han opuesto a proyectos de la minería y de la agroindustria.

Sin embargo es el sector agroalimentario el que mantiene un mayor número de asesinatos relacionados con 46 casos, seguido de los vinculados a la minería que se estiman en 40.

Los ligados a la tala ilegal de árboles en 23, misma cifra que los relacionados con caza y comercio ilegal de vida silvestre, la mayoría de estos casos en África.

El informe también vincula a las fuerzas de seguridad del gobierno con 53 de los homicidios del año pasado, y a actores no estatales, como bandas criminales, con 90 asesinatos.

Además de los asesinatos, también se incluyen otras agresiones entre las que destacan las amenazas de muerte, arrestos, intimidaciones, ciberataques, agresiones sexuales y demandas judiciales.