Los países de Brasil, Colombia, México y Filipinas, durante 2017, concentraron el 80 por ciento de los asesinatos de defensores de derechos humanos: de acuerdo con la organización Front Line Defenders, que registró 312 asesinatos en 27 países.
La organización advierte que el 67 por ciento de las víctimas defendía la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente, casi siempre en el contexto de actividades de megaproyectos, industrias extractivas y grandes empresas.
El Informe anual de Front Line Defenders, precisó que 2017 fue testigo del mayor número de asesinatos de defensores ambientales y periodistas registrados en México en los últimos años.
La investigación agregó que además de este tipo de asesinatos, la criminalización siguió siendo la estrategia más común utilizada para obstaculizar y deslegitimar el trabajo de los activistas, mismas que en su mayoría son interpuestas por los gobiernos y los agentes no estatales.
La mayoría de estos casos reportados a Front Line Defenders en 2017 tuvieron lugar en Perú, Colombia, Guatemala, Ecuador, Honduras y México.
Todo esto se da en medio de una crisis de violencia que se extiende por todo el país.
El documento señaló la aprobación de una nueva Ley de Seguridad Interior en México que permite la intervención de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad pública es particularmente preocupante por la ambigüedad de la redacción, su probable implementación arbitraria y sus posibles efectos negativos en la protesta social.
