Chalchihuapan continuará pasándole factura a Rafael Moreno Valle. A 4 años de distancia del 9 de julio de 2014 falleció José Martín Romero Montes, campesino que fuera impactado con una bala de goma en la mejilla izquierda y de la cual tardo más de un año en recuperarse.
De acuerdo con sus familiares y vecinos, Romero Montes tuvo que lidiar con los estragos psicológicos y emocionales consecuencia del brutal desalojo y enfrentamiento que pobladores tuvieron con la policía estatal, por las reformas a la Ley Orgánica Municipal que despojó a las juntas auxiliares de sus facultades.
Ese día culminó con la lenta muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo de 13 años, varios detenidos y más de 100 personas lesionadas.
A partir del 9 de julio, el entonces gobernador Rafael Moreno Valle tendría que lidiar con las consecuencias de una ley mal planteada, mientras su equipo comenzaría a dispersar distintas versiones que incluyeron, intentar desprestigiar al grupo de manifestantes que con machetes, piedras y cohetones, intentó alejar a los policías.
Martín Romero formó parte de los 14 agraviados por los que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 2VG/2014 en contra del gobierno del estado, mismos que se cumplieron paupérrimamente.
El recuerdo
A un año de distancia de lo ocurrido y cuando Don Martín Romero recuperó el habla, en entrevista con La Jornada, el campesino narró cómo terminó con una bala de goma en el rostro.
“El día de la represión, Martín cortaba hierba en unos terrenos cerca a la autopista Puebla–Atlixco cuando vio que la gente se agrupaba para bloquear la vialidad en demanda del regreso del servicio del registro civil.
Vio cómo llegó la Policía y comenzó a apostarse en las inmediaciones de la carretera, y a su mente le vinieron sus nietos de 13 y 14 años que estudiaban en la secundaria técnica a unos pasos de donde horas después se daría el enfrentamiento.
Ante el temor de que les pasara algo, Martín decidió ir a buscarlos para que no se quedaran a ver la manifestación y regresaran de inmediato a sus viviendas.
A la carretera llegó caminando, mientras observaba a decenas de menores que habían salido antes por el conflicto que se avecinaba.
Fue entonces, que vio a cientos de policías que apuntaban a los pobladores.
Cuando uno de los uniformados le apuntó de manera directa, refirió que arrió a los niños, pero las balas le dieron a uno de ellos, José Luis Tehuatli Tamayo, de 13 años de edad, quien perdió la vida.
Poco después sintió un calor en la mejilla que le produjo el impacto de una bala de goma que le perforó la piel, le fragmentó el hueso del paladar, los dientes y la lengua.
Fue una bala de goma y me la sacó una señora que me ayudó cuando me vio envuelto en sangre”.
A los pocos minutos fue trasladado en una camioneta particular a un hospital de Atlixco por el propio presidente auxiliar Javier Montes Bautista.
La represión estatal no terminó ahí, pues el gobierno del estado se negó a otorgar el servicio médico y a pagar los gastos generados (300 mil pesos) en una clínica particular, donde fueron necesarias cuatro operaciones para que le reconstruyeran la cavidad oral con la colocación de placas y seis tornillos de acero.
Durante el tiempo de la intervención, Martín perdió el habla por más de siete meses y después tuvo que llevar terapia de lenguaje y psicológica para salir de la crisis emocional que le causó este abuso de autoridad.
Tiempo después el gobierno estatal regresó para informarle del fideicomiso y de la reparación del daño, Martín se rehusó a recibir el recurso hasta que fue obligado a ello bajo amenazas.
Casi al finalizar el sexenio de Moreno Valle y con el “cumplimiento” de la disculpa pública, la CNDH dio un carpetazo al caso, sin embargo, Elia Tamayo, madre del niño José Luis, interpuso una queja ante la Comisión Interamericana
Derechos Humanos (CIDH) para que impidan que el asesinato de su hijo quede impune.
Con información de la Jornada de Oriente
