Redacción

Los gobiernos de Canadá y de la Unión Europea prendieron los focos rojos tras advertir que los cambios que Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener), busca implementar en el sector eléctrico afectan a las plantas de energías limpias y poner en riesgo inversiones por más de 6 mil millones de dólares y la creación de hasta mil empleos.

Fue este viernes cuando la morenista solicitó la aprobación regulatoria expedita de medidas que se concentrarían en las decisiones del gobierno sobre quién puede generar energía, dónde operar y cuánto producir, contraviniendo la legislación promulgada en 2014.

A esa decisión se le suma que en abril la Sener cambió abruptamente las reglas para la generación de energías renovables al suspender indefinidamente los nuevos proyectos eólicos y solares a punto de comenzar a probar o conectarse a la red nacional.

En ese momento la secretaria aseguró que la emergencia sanitaria obligaba a adoptar nuevas pautas para garantizar el suministro de energía.

En ese momento tras la solicitud, la Sener pidió a la Comisión Nacional para la Mejora Regulatoria (Conamer) exentar un trámite denominado Manifestación de Impacto Regulatorio, con lo cual sería posible publicar el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación en breve.

Al no estar de acuerdo César Hernández, titular de la Conamer, y tras advertir el grave daño que causaría, terminó por renunciar a su cargo.

Más tarde la Unión Europea, en nombre de 19 países, le solicita a Rocío Nahle una reunión para aclarar sus inquietudes sobre el Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) publicado por el Centro Nacional de Control de Energía el pasado 29 de abril.

Desde esa fecha advirtieron su preocupación sobre los cambios que impactarían en 44 proyectos de generación de energía limpia en 18 estados de la República, y que a la vez ponía “en riesgo inversiones, incluyendo las de empresas de la Unión Europea, que superan los 6 mil 400 millones de dólares”.

En el mismo tenor se pronunció Graeme C. Clark, embajador canadiense, quien resalta en su carta que el acuerdo “pone en riesgo la operación y continuidad de proyectos de energía renovables de empresas canadienses en México”.

De acuerdo con el canadiense, su gobierno ha confiado a México inversiones a corto plazo por 450 millones de dólares, además de más de mil empleos.

La postura del gobierno mexicano y la preocupación de las naciones extranjeras no sólo pone en peligro esas inversiones, sino también futuras inversiones en otros ramos, pues México podría percibirse como un país poco confiable para invertir.